Esta semana comenzó la discusión del primer paquete de la reforma educacional, tema en el que se incluyó la visita del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a la Cámara de Diputados.

El gobierno insistió en los tres ejes principales que tiene la iniciativa. Terminar con el lucro en colegios con aportes públicos, financiamiento compartido y la selección en el sistema escolar.

Y también se conocieron detalles del informe financiero del Ministerio de Hacienda que fija, por ejemplo, que para terminar con el financiamiento se requieren US$950 millones, una vez que la reforma esté en régimen, es decir, al año 11. También se fija en US$424 millones anuales el gasto máximo en que podría incurrir el Ejecutivo por concepto de compra de infraestructura a aquellos sostenedores que decidan vender sus establecimientos. En este caso, el Estado cuenta con un plazo de 12 años para cancelar el monto pactado. Una cifra que al cabo del período establecido podría alcanzar a un máximo de US$5.000 millones.

Es decir, si el plan se lleva a cabo, luego de una década no existirán colegios subvencionados y que hoy suman 2.171 establecimientos, sumando 1,3 millones de alumnos en todo el país.

Asimismo, los dineros calculados para terminar con el financiamiento compartido contemplan el reemplazo de los recursos aportados por las familias a la educación, que anualmente alcanzan a unos US$560 millones. A esto se suman dos nuevas subvenciones: aporte a la gratuidad y la ampliación de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a la clase media.

No cabe duda que el esfuerzo del sector público es enorme y en esa lógica se enfrentarán dos posiciones ideológicas potentes.

Para la oposición, se trata de una 'estatización' de la educación y para el gobierno, un mejor control de un tema clave. El asunto no es sencillo y recién se están conociendo los alcances económicos y políticos de una medida como ésta.

Una pregunta válida es saber si se cuenta con el beneplácito de la gente para esta tipo de transformaciones. Respuesta que no está del todo clara.

Hace dos semanas, en este mismo Diario, nuestro senador Alejandro Guillier se preguntaba por qué Chile no siente cariño por el norte. Primero, hace bien en aclarar que el norte, nosotros, al parecer no es sentido como parte de Chile, dice: 'Chile no quiere al norte' y nos aclara nuevamente que la frontera norte de Chile está en La Serena.

La razón de este descariño por el norte no debo tratar de descubrirla porque, he tenido la oportunidad de escucharla directamente de boca de por lo menos dos exministros, un exsubsecretario, un exvicepresidente ejecutivo de Corfo y altos funcionarios públicos, en distintas ocasiones y en ejercicio de sus cargos. La mentalidad agrícola que predomina en Chile los hace pensar que es un despropósito invertir en regiones donde los recursos que se explotan son no renovables, como la minería. Me argumentaban que en el norte lo único que debe hacerse es extraer rápidamente las riquezas e invertir en las regiones agrícolas, donde sí hay renovación de recursos. Un importante exsenador fue incluso más allá, me dijo que éste es un territorio ganado en guerra, factible de ser perdido de igual manera y por tanto había que extraer luego los recursos para invertirlos en el sur.

Manifestaban que los nortinos, cuando se acaben los recursos naturales, deberían migrar al sur, como hace décadas desde el sur vinieron al norte a trabajar cuando surgió la minería. Creen que la facilidad que entrega la minería, del trabajo por turnos que permite que los trabajadores laboren en nuestra región y vivan en Chile es lo óptimo, porque evita el tener que dotar a las regiones del norte con mayor infraestructura, como hospitales, carreteras, colegios u otros.

Tienen internalizada la idea que las ciudades del sur deben su razón de ser a un recurso no renovable, por tanto, consideran lógico que si el recurso se extingue, la ciudad no tiene razón que perdure, es decir, consideran que nuestras ciudades son campamentos de trabajos.

Esto no lo dice un ciudadano de a pie, como diría alguien, sino lo afirman autoridades en el ejercicio de sus cargos y con poder de decisión sobre inversiones públicas en el país, por tanto, es evidente que preferirán invertir en 'Chile' y no en el Norte. Sería tiempo de pensar que si Chile no nos quiere, podríamos buscar en el vecindario inmediato, alguien que sí nos quiera o, si no, definitivamente seguir el camino en solitario.