La discusión en torno a la educación está tomando su punto más alto desde que se anunció la reforma. Y es que la industria de la educación subvencionada moviliza en la Región de Antofagasta alrededor de US$80 millones cada año, uno de los aspectos que entrega mayor relevancia al tema.

Esta cifra fue calculada considerando el subsidio estatal y el copago que realizan los padres en cada establecimiento, que en promedio -según antecedentes de la Seremi de Educación- llega a $50 mil mensual, al igual que los montos que entrega el Estado por la subvención (otros $50 mil por alumno).

Además de acuerdo a datos de la cartera de Educación, en la región existen alrededor de 44.043 alumnos que pertenecen al sistema subvencionado, lo que representa un 45% de la matrícula de los colegios de la zona.

Cada mes, los establecimientos que tienen este beneficio perciben alrededor de $2 mil 200 millones por subvención, mientras que anualmente los sostenedores reciben $22 mil millones (10 meses).

Si a ello sumamos el copago que realizan en promedio los apoderados, esta cifra asciende a $44 mil millones anuales. Es decir, un total de US$80 millones.

Según el estudio 'La educación preferida: mitos y verdades de un sistema en riesgo' realizado por el presidente de la Fundación Aptus, Tomás Ariztía, y el ingeniero civil Cristóbal Elton, el gasto promedio anual que realiza el Estado en la educación subvencionada alcanza a los US$ 2.016 por alumno.

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El doctor en Sociología de la Educación y académico de la Escuela de Educación de la Universidad Católica del Norte (UCN), Pablo Camus, sostuvo que la reforma pretende conciliar un sistema mixto con reglas claras, que supere un sinnúmero de contradicciones que caracterizan a nuestro sistema educativo actual.

'Valorando las cifras de inversión y normativas que pretende impulsar el Estado, resulta clave dimensionar la reforma desde una perspectiva de regulación, y con ello, me refiero al tipo de gestión que llevan a cabo los centros educativos (unos centrados en el lucro, otros centrados en el educar) muy discutibles, que permanecen en los tres niveles que configuran nuestro sistema educativo (infantil, básico-medio y educación superior)', dijo el profesional.

También agregó que regular el sistema subvencionado sin duda que se presenta como un desafío que demandará transparentar la misión y los objetivos que tienen los centros educativos, ya que desarrollan su actividad con recursos del Estado.

'Es importante, más allá de las cifras, redefinir y pensar la función de la educación actual y el rol del Estado, el cual debe generar las condiciones para que la libertad de los ciudadanos pueda materializarse sin distinciones de clase social', comentó Pablo Camus.

El informe realizado por Aptus indica que desde 1994 hasta el 2006, el financiamiento entregado por el Estado a los recintos subvencionados estaba entre $6.744 a $23.841 por alumno.

Lo anterior empezó a corregirse el 2008 a través de la Ley de Subvención Escolar Preferencial junto a las movilizaciones estudiantiles.

También señala que en 2013 la educación particular subvencionada educa al 54% de los estudiantes del país (1.900.000 alumnos versus el 32% que arrojaban las cifras en 1991).