La determinación del Tribunal de la Unión Europea, de acoger el 'derecho al olvido' por parte de usuarios del Viejo Continente, pone nuevamente en el análisis y en el debate la libertad de expresión, de información y el derecho a la protección de la intimidad de las personas.

'El derecho al olvido' en términos básicos, se refiere a la prerrogativa que tendrían las personas para exigir que desaparezcan de internet aquellos datos e informaciones que pueden lesionar su imagen o perjudicarlas en algunos de sus derechos fundamentales, o que se encuentran caducos u obsoletos.

El caso es que muchos datos respecto a usuarios y personas que pueden considerarse 'obsoletos' o inconvenientes para algunas personas, pueden ser significativos para la sociedad, más cuando se trate de antecedentes relevantes y que tengan que ver con aspectos como moras, condenas por delitos de lesa humanidad, opiniones válidamente emitidas y otros similares en términos jurídicos, como también aquellos datos que tengan que ver, en general, con la actuación pública de un individuo.

En Chile, cerca del 95% del territorio nacional habitado cuenta con acceso a internet, y junto con ello, a millones de antecedentes sobre personas en todo el mundo. Hoy, la red no discrimina y a través de buscadores como Google puede facilitar todo lo que técnicamente esté a la mano en términos de información personal, teniendo en cuenta, eso sí, que en la mayoría de los casos se trata de un buscador y no de un sitio que necesariamente aloje la información.

Pero más allá de las especificaciones técnicas, Google puso a disposición de los usuarios europeos un formulario para determinar qué datos que afectan su intimidad quieren que sean suprimidos de sus resultados de búsqueda. Mientras, queda planteado el debate, en una nueva dimensión, respecto a los límites entre lo público y lo privado, ahora en un espacio virtual como es internet, donde conceptos como el ciberbullying o el cibercrimen han abierto un nuevo campo que necesita atención especial y que sin duda, altera profundamente nuestro estilo de vida.

La gratuidad de la educación ha sido el foco de la discusión pública en Chile. La principal problemática de esta demanda viene dada por su financiamiento, dado el alto costo de la educación superior. El alza tributaria ha sido la solución que el gobierno ha encontrado para financiar esta reforma, lo cual no ha estado exento de polémica. En particular, el quién pagará finalmente el alza de impuestos parece ser uno de los principales puntos de la discusión.

Pensando objetivamente, parece lógico pensar que la reforma tributaria nos afecte a todos de una u otra forma. Es por esta razón que la interrogante de cuánto los chilenos están dispuestos a pagar por la gratuidad de la educación toma importancia. Diferentes encuestas han mostrado que la mayoría de los chilenos apoyan la educación gratis. Pero ¿qué tipo de pregunta se hace?, ¿es una pregunta objetiva? En particular, es igual su respuesta a las preguntas ¿está de acuerdo con la gratuidad de la educación? vs ¿Está de acuerdo con la gratuidad de la educación, pagando un x% de impuestos adicionales?

La segunda parece ser una pregunta más objetiva, ya que informa que esta reforma conlleva un costo. Más importante aún, ésta provee información acerca de la valoración que los chilenos dan a la gratuidad de la educación. El punto central aquí es que el actual debate político podría ser innecesario si supiéramos la valoración que los chilenos. Por ejemplo, si la valoración es alta, por qué perder tiempo y recursos en campañas publicitarias. Por otro lado, si la valoración es baja, por qué llevar a cabo una reforma que los chilenos no están dispuestos a pagar. A pesar de que la valoración real por la educación gratis puede ser difícil de obtener, una aproximación podría aportar información útil a una discusión que por ahora parece estar enfocada en un beneficio político.

Como consecuencia, la discusión podría centrarse en el punto central del problema. Se supone que la calidad de la educación ha sido la bandera de lucha en el último tiempo. En este sentido, ¿la gratuidad de la educación asegura una mejor calidad? más importante aún, ¿existe relación alguna entre calidad de la educación y gratuidad de ésta? Poco se ha hablado de calidad y si existen un programa para abordad esta problemática poco se ha hecho por darlo a conocer a la ciudadanía. Esperemos, que el foco del debate público vuelva al punto por el cual comenzó esta demanda social, el cual es una mejor calidad de educación para los chilenos.