La Fiscalía pidió ayer una pena de 818 días de presidio menor en su grado medio para seis ex funcionarios de organismos públicos y del primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, considerados responsables de una fallida alerta de tsunami tras el terremoto de 8,8 grados que devastó seis regiones del país el 27 de febrero de 2010.

Se trata de los imputados son Patricio Rosende, subsecretario del Interior en el anterior Gobierno de Bachelet (2006-2010); la entonces directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández y del jefe del Centro de Alerta Temprana de ese organismo, Johaziel Jamett.

En el pedido también aparecen los exoficiales de la Armada Mariano Rojas, entonces director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), Andrés Enríquez, exjefe de operaciones del Shoa y Mario Andina, oficial de guardia del organismo la noche del cataclismo.

El sismo causó la muerte de 524 personas, 156 de ellas en el tsunami que siguió al sismo principal, que además dejó 800.000 damnificados y daños materiales cuantificados en US$ 30.000 millones.

A todos ellos, la Fiscalía les atribuye la responsabilidad como autores de cuasidelito con resultado múltiple de homicidio por las muertes en las comunas de Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano, Tomé y Arauco, como consecuencia de no haber transmitido la alerta de maremoto.

La actuación de los ex funcionarios, según la Fiscalía, fue la causa de que no se diera de forma oportuna la alerta de tsunami y que incluso en algún momento se descartara esa posibilidad, lo que finalmente habría sido un factor determinante en la pérdida de vidas.

La acusación fue ingresada ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la fiscal Solange Huerta, que investigó el caso durante dos años e incluyó entre los testigos citados a declarar a la Presidenta Michelle Bachelet.

El equipo de investigadores que encabeza la fiscal Huerta estuvo conformado por los fiscales Luis Tapia, Andrés Castellanos y Natalia Sánchez.

juicio abreviado

Un séptimo imputado, el exjefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Osvaldo Malfanti, se declaró culpable en marzo pasado y, en un juicio abreviado, fue sentenciado a 541 días de prisión, que puede cumplir en libertad condicional.

A Malfanti se lo indagó por su autoría en el cuasidelito con resultado múltiple de homicidio por las víctimas fallecidas en las comunas de Juan Fernández, San Antonio y Constitución.

cierre de investigación

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente cerró el 7 de mayo la investigación por la falta de alerta a la población ante el tsunami que afectó a las costas de la zona centro sur del país afectadas por el terremoto.

La medida fue decretada cuando se cumplieron dos años desde que la Fiscalía formalizara judicialmente la indagación en contra de los imputados en el caso.

'La Fiscalía abrió esta investigación para que el país, especialmente la víctimas y sus familiares, conociera qué ocurrió la madrugada del 27 de febrero del 2010 de la manera más fidedigna posible', dijo el fiscal Andrés Castellanos, integrante del equipo de investigadores, citado por radio Cooperativa.

A partir de ahora, el tribunal deberá fijar una audiencia de preparación de juicio oral. En ese proceso se deben evaluar las pruebas que presente el Ministerio Público, la defensa o los querellantes involucrados en la investigación.