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Exasesor municipal y diputada van a juicio por caso "licencia"

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Ambas partes presentarán sus pruebas y durante la misma jornada conocerán la resolución final del conflicto. Todo esto ocurrirá hoy a partir de las 8.30 horas en el Tribunal de Garantía, donde comparecerá el exasesor municipal, Sebastián Quinzán, quien es acusado de injurias y calumnias por la diputada Marcela Hernando.

Se trata del caso que comenzó en 2013, cuando el argentino acusó a la en ese entonces candidata parlamentaria (Hernando), de extender una licencia médica falsa a una funcionaria municipal. Según explicó Quinzán, el documento era para que Jéssica Richards participara en la campaña de la exalcaldesa.

El ahora asesor de la Corporación Cultural subió a Twitter la foto de la licencia, desencadenando la querella.

"Tengo instrucciones de no llegar a ningún tipo de acuerdo extrajudicial con el querellado. Aunque las injurias y calumnias no tienen una sanción penal tan alta, buscaremos la máxima posible", manifestó el abogado.

Cuadra precisó que con esto quieren dar una señal de que este tipo de afrenta pública no quede sin castigo. Para ello rendirán una serie de pruebas que según su postura, refrendará la acusación.

El abogado detalló que presentarán documentación en la que Quinzán, a través de Facebook, realizó los comentarios injuriosos sobre Marcela Hernando. También adjuntarán fotografías del momento en que el asesor cultural subió la licencia médica a internet.

Incluso, agregó el profesional, disponen de videos de prensa en los que el acusado reafirma sus dichos. Además tienen una serie de testigos, entre los que se encuentra la funcionaria aludida, a quien en marzo la municipalidad no le renovó su contrato como secretaria de tesorería.

Eladio Cuadra puntualizó que su contraparte presentará seis testigos y otros documentos. Aclaró que la jornada de hoy conocerán la absolución o condena del querellado.

Exhuman restos de 11 ejecutados por la Caravana de la Muerte

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El Servicio Médico Legal (SML) exhumó 11 cuerpos de víctimas del caso Caravana de la Muerte (1973), con la finalidad de identificar a los fallecidos para que sus familiares tengan la certeza de quiénes están en los nichos en el Cementerio de Calama.

Sin embargo, el proceso no tuvo buenos resultados para ocho familias de detenidos desaparecidos. Esto, porque a algunos de ellos les notificaron que los restos exhumados no correspondían a sus difuntos y que aún más, tampoco serían parte de los 26 fusilados por la caravana.

La noticia afectó a los hijos y cercanos de las víctimas. A ellos en enero les habían notificado que según las pericias antropomórficas, los cuerpos correspondían, pero este nuevo escenario les hace revivir el dolor de la pérdida.

En cambio otras familias si recibieron respuesta positiva en la identificación de las osamentas. Pero no todo fue positivo, ya que el procedimiento los dejó sin restos de las víctimas. El programa de Derechos Humanos seguirá apoyando a los afectados.