El Gobierno puso nuevamente en marcha el programa Control Cero Alcohol, luego que durante Semana Santa las fatalidades en accidentes de tránsito prácticamente se duplicaran en el país respecto a las ocurridas en similar fecha del año pasado. La respuesta fue rápida, considerando además las recientes críticas debido a la presunta cancelación de esta iniciativa que lanzara la administración anterior. Al respecto, la Presidenta Michelle Bachelet argumentó que fueron sus predecesores quienes no dejaron los recursos necesarios para desarrollar la campaña en las fechas recientes.

Pero más allá de la polémica y sus alcances políticos, la reaparición de este programa significa un avance importante en la seguridad vial, especialmente considerando esta fecha en particular. El jueves feriado, dará la oportunidad a miles de automovilistas para que vuelvan a circular por las calles y carreteras, con los riesgos que aquello también trae cuando aparece asociado el consumo de alcohol.

El control Cero Alcohol se transformó en uno de los avances más importantes y efectivos en relación a sus objetivos. Según dio a conocer en enero el Ministerio de Transportes, las muertes en el tránsito en las que estuvo presente el consumo de alcohol se redujeron en un 28%, resultados que se atribuyen a la implementación de este plan.

De acuerdo a las cifras entregadas a principios de este año durante 2012 la cantidad de personas que fallecieron en estas circunstancias se elevó a las 148. Ése fue el año en que entró en vigencia la nueva ley relacionada con la tolerancia cero al alcohol en la conducción. Un año antes, en 2011, los fallecidos llegaron a 205 personas.

Es por eso que se reconoce en este plan una fórmula que ha dado resultados y hoy se celebra el que haya sido puesta nuevamente en marcha, sintonizando con otras iniciativas legislativas y ciudadanas que van en la misma dirección, como por ejemplo, el impulso de la Ley Emilia. Estos controles permiten de manera efectiva y por disuasión, evitar que muchos casos de conducción en estado de ebriedad y sus consecuencias puedan frenarse, antes que terminen en tragedias.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Michelle Bachelet. Entre las principales medidas destacan el aumento del impuesto a las empresas (que constituye un adelanto del impuesto que pagan los propietarios), la tributación sobre base devengada y no sólo sobre las utilidades que se retiran, la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), el aumento del timbre de estampillas, la reducción del crédito por IVA para la construcción, que hoy beneficia a viviendas de hasta 4.500 UF, a aquellas de hasta 2.000 UF (valor que se refiere a la tasación fiscal que representa más o menos 50% del valor de mercado de la vivienda) y la derogación del DL 600, entre otras medidas. La iniciativa eleva sustantivamente la carga tributaria de la renta del capital.

Los recursos que recaudará el Estado en su mayor proporción no van a la inversión productiva, sino a la construcción inmobiliaria de alto valor y hacia paraísos fiscales. Esos recursos serán utilizados por el Estado en el mejoramiento de la educación y en la generación de bienes públicos que contribuirán al mejoramiento de la productividad y la competitividad de la economía.

La reforma contribuirá a reducir la desigualdad existente y con ello a mejorar el bienestar general, fortaleciendo la cohesión social y las condiciones generales del crecimiento económico. Los críticos de la reforma insisten en que ella afectará a las clases medias. Se trata de un uso equívoco de ese concepto. Una aproximación razonable al concepto de capas medias incluye aquellos sectores ubicados entre el percentil 15 y el percentil 96 de los estratos de ingresos, que corresponde al 80% de la población.

Este grupo mayoritario, junto con los pobres, más allá que deba pagar un poco más de impuestos por bebidas alcohólicas y 0,5% más en la cuenta de luz a partir del 2020, es el gran favorecido por la reforma. Serán afectados por una mayor carga tributaria el 5% más rico de la población. Ellos pagarán más impuestos; no obstante, menos de lo que pagan quienes tienen ingresos similares en los países desarrollados. Son ellos quienes se han beneficiado de las numerosas exenciones y mecanismos de elusión tributaria que caracteriza al sistema tributario chileno.