Los gremios empresariales reunidos en la CPC y el exministro de Hacienda del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, se sumaron ayer a las críticas hacia el Gobierno por la difusión de un video que explica los alcances de la reforma tributaria. Según sus detractores, el trabajo contiene un lenguaje agresivo y es sesgado en su mensaje.
El presidente de la Confederación, la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, dijo estar "molesto" por el contenido del material audiovisual.
"El video que todos conocimos nos ha parecido arbitrario, injurioso, que promueve el odio y la división de los chilenos. Ese no es el camino para construir. Es un atentado contra la sana convivencia".
En declaraciones luego de reunirse con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, Santa Cruz agregó que los empresarios no se sintieron "particularmente atacados", pero advirtió que "por más que veamos actitudes inconducentes, agresivas, injuriosas, vamos a estar por buscar los puntos de encuentro".
"Esperamos que eso opere no sólo en el Senado, sino también en la opinión pública y en todos los actores . El camino es el diálogo. Y eso no va a cambiar en nosotros, independiente de las actitudes que veamos, de los improperios que se puedan recibir", agregó el directivo.
El video también fue cuestionado por el exministro de Hacienda y exprecandidato presidencial, Andrés Velasco, quien comentó que sólo "caricaturiza posturas".
"Conozco a la Presidenta y al ministro, no sé de qué sótano de La Moneda salió", agregó respecto del video.
Los diputados (RN) José Manuel Edwards y (UDI) Gustavo Hasbún anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre el polémico video del Gobierno en defensa del proyecto de reforma tributaria. "Este es un video ilegal por dos motivos: primero, porque usa dineros del Estado para difundir un proyecto de ley que no incluye prestaciones para usuarios, y segundo, porque entrega información comprobablemente falsa", dijo Edwards.
Para Hasbún, el trabajo configuraría malversación de fondos públicos. "La ley establece que sólo se pueden usar fondos públicos para campañas publicitarias cuando buscan promover un tema social o son campañas informativas para una ley; y no para mostrar un proyecto que se está tramitando y que tiene un claro sesgo ideológico", dijo.