No son pocos quienes han reclamado que la misma fuerza utilizada para exigir un ambiente libre de contaminación en la zona centro sur, debiera usarse para lo que sucede jornada tras jornada en el área norte aledaña al basural de La Chimba.

El comentario es certero, aunque una cosa no excluye a la otra.

Pero lo cierto es que Antofagasta está enfrentada a un problema enorme con la disposición y acopio de su basura domiciliaria, donde la zona presenta un atraso enorme en relación a otras comunas que tienen estándares mundiales en su manejo.

Para poner las cosas en orden, lo que aquí tenemos es un basural, mientras las ciudades más importantes del país tienen rellenos sanitarios.

Esto no es sólo el fruto o el resultado del azar; es la conclusión de una mejor gestión y la aplicación de una política que el país ha suscrito con el mundo para el manejo sanitario y medioambiental de lo que producen las personas.

De acuerdo con un catastro realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, existen 25 rellenos sanitarios en Chile (recintos que poseen capas para evitar la filtración de líquidos percolados y medidas de seguridad, entre otros aspectos); 72 vertederos (que cuentan con cierre perimetral y un tratamiento mínimo de los desechos) y 67 basurales, que no cumplen con normas sanitarias.

En los primeros, sin embargo, se recibe un 70% de los desechos generados a nivel nacional.

El problema es que, según un catastro de las instalaciones faltantes elaborado por la Subdere plantea que existen al menos 27 zonas del país donde se deben emplazar rellenos sanitarios nuevos, para lo que se están ejecutando proyectos.

Antofagasta se encuentra aquí, al punto de vivir el peor de los mundos, con un sitio que no cumple ningún estándar y que sufren todos los habitantes aledaños al lugar. Las quemas, los malos olores, traducidos en el empeoramiento de la calidad de vida son de las cosas más críticas a las que la autoridad ha hecho oídos sordos por ya demasiados años.

Comenzó en la Cámara de Diputados el debate por la reforma tributaria más importante desde el gobierno del Presidente Aylwin. Dicha reforma nos acompañó por 25 años y permitió iniciar la transición a la democracia en un clima de crecimiento, paz social y estabilidad política.

La aprobación de la reforma propuesta por la Presidenta Bachelet también marcará el rumbo por un largo período. Aborda dos debilidades extremas del llamado "modelo" chileno: la brutal desigualdad en la distribución de la riqueza y la necesidad de recaudar recursos frescos que ayuden a asegurar educación y salud de calidad a toda la población. Sin embargo, esta reforma carece de la dimensión territorial de la justicia social, la que debe ser abordada en el contexto de este debate tributario. Todos los temas de la agenda de cambios impulsados por la Presidenta tienen este componente regional.

La experiencia de los países desarrollados confirma esta determinación: cada uno de esos países ha desplegado una intensa agenda reformadora a favor de sus regiones, provincias y comunas, dotándolas de recursos y potestades de conformidad con la realidad social, económica, cultural y étnica de cada uno de sus territorios. Durante 40 años hemos hablado en Chile de descentralización, pero los avances han sido tímidos. Necesitamos acelerar las reformas administrativas y políticas. Las regiones deben tener capacidad para administrar los recursos que se les traspasa por Ley desde el nivel central, pero también necesita dotarse de la facultad de recaudar sus propios recursos. Con este propósito me permito aportar a la discusión, cuyo sentido es cambiar el rostro de la desigualdad en Chile, algunos puntos omitidos en el proyecto del Ejecutivo y que necesitan de su patrocinio:

a) Ley de Patentes Municipales. Debemos terminar con el cálculo del monto según el valor del capital propio, reemplazando éste por el nivel de ventas de bienes y servicios. Además, las patentes deben ser canceladas no en la sede de la casa matriz de cada empresa, las que habitualmente se ubican en las comunas de mayores ingresos de la Región Metropolitana, sino en donde se desarrollan sus actividades.

b) Tributación minera: debe cederse en favor de las regiones una parte de los impuestos pagados por las empresas mineras para que éstas puedan acometer planes de contención de las externalidades negativas de la explotación de los minerales y , al mismo tiempo, invertir en infraestructura y reconversión productiva.