La diputada Paulina Núñez y arquitecto Emile Ugarte interponen un recurso de protección por los permisos ambientales.

Alrededor de tres horas y media duraron los alegatos en la Corte Suprema por el recurso de protección interpuesto por la diputada Paulina Núñez (RN), el arquitecto Emile Ugarte y el municipio de Antofagasta, contra la Comisión de Evaluación Ambiental que aprobó las resoluciones de calificación ambiental del polémico proyecto del galpón en el Puerto de Antofagasta-

Esta iniciativa involucra a las empresas Antofagasta Terminal Internacional (ATI), Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), Sierra Gorda SCM y Comisión de Evaluación Ambiental (CEA).

La acción judicial fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de Antofagasta el 27 de diciembre de 2014 y sus alegatos fueron realizados el 14 de febrero y dos semanas después el tribunal de alzada entregó su fallo que anuló las resoluciones de calificación ambiental (RCA) a las empresas que están ligadas al proyecto de la construcción del galpón.

La enorme bodega acopiará concentrados de cobre en el Puerto de Antofagasta, en una iniciativa impulsada por Sierra Gorda SCM y concretada por ATI que embarcará este producto proveniente de la minera, que será trasladado en carros herméticos del FCAB.

Ante la Tercera Sala de la Suprema alegó ayer la abogada del Colegio Médico de Antofagasta, Trissy Figueroa, quien participó como tercera coadyuvante en defensa de las organizaciones sociales y ciudadanía que se hizo parte del recurso.

Asimismo, el abogado y concejal de la comuna, Jaime Araya, lo hizo en representación Núñez y Ugarte, además de Andrés Bruna, quien representó al municipio.

En el caso de los recurridos fueron representados por el abogado Luis Eduardo Toro (FCAB), el profesional Raúl Tavolari (Sierra Gorda), Enrique Alcalde (ATI) y Carlos Sepúlveda por la CEA.

Los ministros concedieron un plazo exacto de 20 minutos para que cada abogado (recurrentes y recurridos) entregaran sus argumentos o descargos.

Raúl Tavolari Oliveros, abogado de Sierra Gorda SCM, dijo que quedaron muy conformes con la forma en que se llevó a cabo la instancia procesal.

"Creemos haber demostrado que la tramitación de nuestro proyecto se ajustó a la ley, que la forma en que fue aprobado el transporte y acopio del concentrado de cobre es en realidad inofensiva; y más importante aún, que hubo buena fe de la empresa, y en todo momento se contó con la debida participación de las instituciones y autoridades que evaluaron favorablemente este proyecto", acotó.

La abogada del Colegio Médico, Trissy Figueroa, sostuvo que por ahora sólo queda esperar el fallo de la Suprema.

"Nos escucharon atentamente. Nos hicieron preguntas que fueron sólidamente contestadas. Creo que tendremos éxito en la confirmación del fallo", comentó.

Por su parte, el abogado Jaime Araya aseguró que solicitaron a los magistrados que se confirme la resolución dictada por la Corte de Apelaciones. "Nuestras principales argumentaciones fueron sobre la variación de la línea de bases porque esa es la principal infracción e ilegalidad en la obtención de las RCA".

También aseguró que la contraparte continuó con los argumentos que fueron presentados en los alegatos de la Corte de Apelaciones, como por ejemplo, que el recurso era extemporáneo y que además no es el mecanismo legal para recurrir contra las RCA.

Por su parte, la diputada y recurrente, Paulina Núñez, que estuvo presente como público en la Tercera Sala de la Corte Suprema, aseguró que los argumentos de las empresas fueron "irónicos y sarcásticos". "Esto no es ni más ni menos de lo que hemos visto siempre por parte de estas compañías. Cuando se acoge el recurso de protección, ellos siguieron con la construcción y tuvimos que nuevamente ir a la Corte", sostuvo.

La alcaldesa Karen Rojo junto a concejales interponen otro recurso de protección contra la CEA y tres empresas involucradas en el galpón.

La Corte de Apelaciones falló en favor del recurso y anula las resoluciones ambientales que aprobaron el proyecto portuario.

Las empresas que recibieron el fallo desfavorable apelan a la Corte Suprema para revocar la decisión del tribunal de alzada.

La Corte Suprema llama alegar a los abogados recurrentes y recurridos en el caso. El fallo definitivo será dentro de 30 días.