El próximo 24 de abril se realizará la primera marcha estudiantil a nivel nacional desde que asumió la nueva administración. A la convocatoria, que había sido hecha por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) el fin de semana, ayer se sumó la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones).

El vocero de la organización, Ricardo Paredes, explicó que la movilización "es para instalar las demandas del movimiento estudiantil y enarbolarlas con más fuerza", según consignó Emol. Asimismo el vocero indicó que la movilización tendrá el fin de dar una señal de cohesión y unidad con respecto de las demandas que plantean.

A la marcha también adhirieron estudiantes de los cuatro colegios particulares pagados de la Región Metropolitana que son parte de la Cones.

La Cones se reunió este lunes con el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre. En la instancia, los estudiantes le plantearon los cinco ejes fundamentales que piden introducir en la reforma educacional: desmunicipalización, fin al copago, democratización de los espacios estudiantiles, cambios al sistema de medición de la enseñanza y que la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) sea gratuita los 365 días del año.

La Segunda Sala de la Corte Suprema ordenó en fallo unánime investigar eventuales delitos de incumplimientos de deberes militares, en la investigación del accidente del Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile que cayó al mar en septiembre de 2011 en Juan Fernández.

El máximo tribunal acogió los recursos de casación interpuestos por los abogados querellantes Alfredo Morgado, Maximiliano Delgado y Cristián Arias sólo en el aspecto que ordena investigar esos eventuales delitos por parte de personal de la Fach que planificó el vuelo.

El dictamen, citado por la agencia UPI, establece que "no obstante apreciarse que existe una investigación rigurosa respecto al cuasidelito de homicidio, del análisis de los recursos, aparece que lo que los reclamantes en definitiva censuran al tribunal de la instancia es haber excluido toda posibilidad de investigar la eventual comisión del delito de incumplimiento de deberes militares y la responsabilidad que se denunciaba respecto de terceros en esos hechos, no incluidos en la tripulación de la nave siniestrada, al negarse reiteradamente a realizar las diligencias de investigación pertinentes para el logro de esas pretensiones".

El 21 de marzo del año pasado, la Corte Marcial confirmó por unanimidad la resolución del ministro Juan Cristóbal Mera, quien sobreseyó la investigación al concluir que el accidente se debió a que la tripulación perdió el control del avión por haberlo volado "a una altura peligrosamente baja". Como las responsabilidades penales del piloto y la comandante del vuelo -tenientes Juan Pablo Mallea y Carolina Fernández- están extinguidas con su muerte, el juez dictó el sobreseimiento definitivo.

El fallo consigna que "aparece de manifiesto que la denuncia deducida y las diligencias pedidas por los perjudicados, en el legítimo ejercicio de sus derechos, se extendieron a personas diversas de la teniente Carolina Fernández y del teniente Juan Pablo Mallea, respecto de quienes se emitió sobreseimiento definitivo por su muerte, situación que claramente no acontece en relación a aquellos otros imputados, mencionados en los recursos, y respecto de hechos ajenos a la operación de la nave".

Jorge Luis Cabezón, el hermano del camarógrafo de TVN que murió tras la caída del Casa 212 en Juan Fernández valoró la decisión de la Corte Suprema que ayer ordenó reabrir la causa, enfatizando que "este es un paso para comenzar nuestro legítimo duelo".

"Estoy tranquilo, sereno y asimilando todo con mesura", recalcó a Emol, agregando que "las dudas que nosotros tenemos, el máximo tribunal las entendió perfectamente bien y es tranquilizador".

Ahora, agregó Cabezón, "hay muchas diligencias que solicitar, como por ejemplo la declaración de los cinco oficiales superiores que tienen mucho que decir".

Lo anterior, en alusión al excomandante del Comando de Combate, Luis Ili, al jefe del Estado Mayor del Comando de Combate, Guillermo Castro, al excomandante en jefe de la V Brigada Aérea, Julio Frías, al jefe del Estado Mayor de la V Brigada Aérea, Aldo Carbone, y al comandante del Grupo de Aviación N° 8, César Pineda.

Todos ellos, por su presunta responsabilidad en los delito de homicidio culposo y de incumplimiento de deberes militares.

Cabezón también aseguró que tras el fallo, la verdad "podría estar más cerca", siendo ésta "la única reparación posible". "Mientras más cerca de ella estemos, aún mejor", dijo.

El abogado Alfredo Morgado dijo que debería nombrarse un ministro en visita extraordinario que tome las declaraciones indagatorias de rigor. "Nosotros confiamos en la investigación que se pueda realizar y ciertamente esperamos que más adelante exista un pronunciamiento en torno a responsabilidades que hemos asignado", afirmó el profesional.

"Les voy a contar un hecho que parece de película". Así comenzó su relato al carabinero que estaba de guardia cuando se entregó Rossana Valdés Caro (34), la mujer que mató, descuartizó y luego cocinó a su expareja en Molina. Y al actuar pensó en Hans Pozo, el joven de 20 años que fue encontrado descuartizado en 2006. Se imaginó que si le cortaba la cabeza al cuerpo no podrían identificarlo, según confesó.

Valdés descubrió que le habían robado. De su casa habían sacado los $5 millones que tenía guardados después de vender su casa. Su pareja la había convencido de concretar la venta y luego le habría sacado el dinero para gastárselo en alcohol y mujeres, según ella.

Valdés lo vio llegar hasta la vivienda ubicada en la población San Hilario y, una vez adentro, le disparó en el pecho con una pistola. La bala le atravesó el corazón y los pulmones a Claudio Muñoz Ramírez (43). Y como había visto en series y películas, según confesó a la policía, ella decidió descuartizarlo usando cinco cuchillos. Luego los cocinó en una olla grande y metió los restos en una bolsa de basura, que llevó hasta su auto. Esperó hasta el otro día para llevárselos y hacerlos desaparecer.

"Con el protocolo de autopsia se pudo determinar que efectivamente la persona murió por efecto del disparo", dijo la fiscal Mónica Barrientos durante la audiencia en que ayer la mujer fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Molina.

Antes de confesar el crimen y entregarse a la policía, la comerciante ambulante viajó desde su ciudad de origen, Molina, hasta Talca con los restos en su auto para botarlos y deshacerse de ellos, según informó ayer la fiscal a cargo del caso. Pero sintió remordimientos y decidió confesar. Dejó a su hijo de ocho meses con un familiar y fue hasta la comisaría.

Según consignó El Mercurio, el capitán de Carabineros que le tomó la declaración a la mujer, Francisco Cabrera, contó que Valdés "recordó series de corte policial que veía. Tomó un cuchillo tipo serrucho con el que cortaba zapallo y procedió a amputarle las extremidades y la cabeza. Las introdujo a una olla y las hirvió por bastante tiempo". La comerciante ambulante confesó que pensó que si hervía el cuerpo sangraría menos y dejaría menos rastros.

Valdés fue formalizada ayer por el delito de parricidio por la fiscalía, que tiene un plazo de dos meses para investigar. El Tribunal de Molina ratificó la solicitud de prisión preventiva de la fiscalía. La imputada ingresó a la cárcel de mujeres de Talca.