Castigo efectivo a llamadas falsas
El problema de las falsas llamadas de emergencia que enfrenta la Armada no es diferente al de las centrales telefónicas de Carabineros, Bomberos y los Samu.
En el Congreso está un proyecto que penaliza las pitanzas con reclusión y multas a sus autores. Parece ser que el castigo es la única forma de parar con este tipo de situaciones que rayan en lo insólito.
La Armada ha dado a conocer su preocupación por la gran cantidad de llamadas falsas que se recibieron esta temporada de verano al teléfono habilitado para emergencias en el mar, de preferencia para el rescate de personas.
De acuerdo con un informe de la Gobernación Marítima, el 97% de las comunicaciones recibidas durante la temporada que se inició el 15 de diciembre de 2013 al 15 de marzo de 2014 resultaron ser falsas, "bromas" de mal gusto o no referentes a los casos para los cuales se establecen esos teléfonos.
El problema que enfrenta la Armada no es diferente al de las centrales telefónicas de Carabineros, de Bomberos o de los Servicios de Urgencia (Samu).
¿Qué motivará a algunas personas a hacer llamadas falsas, molestosas o insultantes a las centrales telefónicas de todos los servicios de urgencia y de emergencia? Es algo que cuesta entender, si se considera que en ocasiones significa desplazar vehículos y personal, o dejar de atender otras comunicaciones que sí son necesarias, porque podrían significar salvar una vida.
Se estima que en los Samu la mitad de los llamados corresponden a "bromas" o pitanzas. Si la gran mayoría de los contactos telefónicos que reciben la policía, los Bomberos, el Samu y la Armada en verano son falsos, se comprenderá que sus autores quitan la posibilidad a las personas que de verdad tienen una emergencia, y que -en cambio- encuentran las líneas saturadas.
El Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público y a las policías para acceder a la información del número de teléfono que realizó la llamada falsa. Incluso el artículo 222 los autoriza para intervenir y grabar las comunicaciones de una persona cuando hay fundadas sospechas de que cometió o participó en un delito sancionado con pena de crimen, es decir, más allá de cinco años de cárcel. Sin embargo, no resulta fácil perseguir las responsabilidades, si se considera el alto número de llamadas falsas.
Mientras no se resuelva este tema de la penalidad, será muy difícil perseguir responsabilidades y terminar por medio del castigo con estas situaciones.