Las altas concentraciones de cobre, zinc y plomo detectadas en el polvo negro que se encuentra en calles y viviendas, no sólo provocó la reacción del Gobierno Regional, que pidió estudios de aire y suelo, sino que también la de los parlamentarios.
Las autoridades legislativas señalan que los resultados de los análisis químicos encargados por este Diario y una familia antofagastina a muestras del sedimento, evidencian la presencia de contaminación medioambiental en Antofagasta.
La diputada Paulina Núñez (RN) dijo que los análisis sugieren que las personas están expuestas a la presencia de metales pesados y que las críticas que se han venido realizando al transporte de cargas mineras a granel no son antojadizas.
"Queda claro que estas partículas provienen del traslado de concentrados y de las operaciones en el Puerto de Antofagasta. Son conclusiones lógicas. No se trata de algo que venga del cielo", afirmó.
La parlamentaria aseguró que es urgente implementar un mayor control al transporte de concentrados, como también a la manipulación de estos cargamentos en los recintos industriales.
"A mi juicio, las empresas deben entender que si existen otras opciones de traslado de concentrados, que permiten evitar daños en la salud de las personas, deben implementar ese tipo de transporte y no seguir usando camiones, por ejemplo", manifestó.
De igual manera, la diputada Marcela Hernando (PRSD) expresó su preocupación por el tema, asegurando que las carteras de Salud y Medio Ambiente no sólo deben desarrollar estudios en aire o suelo, como se anunció el miércoles, sino que también en las personas.
"Creo que debe realizarse una investigación para determinar el tipo y niveles de metales pesados que podrían estar acumulados en los organismos de las personas. Esto puede ser mediante una prueba de sangre", declaró la exalcaldesa.
Esta indagación, a juicio de Hernando, debería apuntar fundamentalmente a adultos mayores, embarazadas, recién nacidos, niños y grupos de trabajadores expuestos.
Marcela Hernando dijo que es fundamental individualizar las fuentes de contaminación, porque sólo así las autoridades podrán tomar las medidas correctivas y aplicar sanciones a los responsables.
"Debemos saber cuánto de estos metales pesados, como el cobre, zinc y plomo, provienen de tubos de escape, polvo en suspensión de faenas mineras, sitios de embarque o camiones que transportan concentrados", subrayó.
Por su parte, el senador Pedro Araya (independiente), estudia presentar un reclamo ante el Tribunal Ambiental o en su defecto en la Superintendencia de Medio Ambiente.
"Estamos evaluando si podemos entablar alguna acción legal contra las empresas que transportan concentrados, así como también el Puerto que está almacenando este tipo de sustancias", puntualizó.
El senador precisó que estas acciones tienen la finalidad de obligar a las empresas a implementar estándares de seguridad que impidan la fuga de metales al ambiente, pues éstos, en grandes cantidades, son dañinos para la salud.
Si bien el Gobierno Regional comprometió nuevos muestreos para verificar la cantidad de metales pesados en el ambiente, Araya instó a que se tomen medidas preventivas a la espera de los resultados.
"A mi juicio, las posibles fuentes de contaminación son dos, el Puerto por el acopio de concentrados de cobre o las empresas que transportan los mismos", enfatizó.
"Las empresas deben entender que si existen otras opciones de traslado de concentrados, que permiten evitar daños en la salud de las personas, deben implementar ese tipo de transporte".
Paulina Núñez Urrutia
Diputada RN