El Gobierno resolvió invalidar los acuerdos tomados por el anterior Ejecutivo sobre el proyecto energético HidroAysén, y anunció que se pronunciará sobre el asunto en 60 días. La medida implica suspender los estudios de impacto ambiental del megaproyecto.

La construcción de las centrales hidroeléctricas en Aysén, un proyecto de US$3.200 millones, está paralizada debido a 35 reclamaciones medioambientales, las cuales fueron en su mayoría resueltas en una reunión ministerial celebrada en enero cuando todavía era Presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, un comité de ministros del Gobierno decidió ayer invalidar los acuerdos alcanzados el 30 de enero pasado en una reunión encabezada por la entonces ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.

El nuevo ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó ayer que se invalidará la resolución de la reunión de enero pasado porque tiene "vicios de ilegalidad".

"Estimamos que lo pertinente es que los recursos de reclamación puedan verse integralmente. Creemos que con esta decisión las materias reclamadas vuelven a su cauce institucional", dijo Badenier al finalizar la reunión del comité.

"En el plazo legal de 60 días este comité de ministros se pronunciará sobre el fondo de las materias reclamadas de manera integral y simultánea como corresponde de acuerdo a la ley", agregó.

El proyecto HidroAysén consiste en la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la Región de Aysén.

El complejo hidroeléctrico aportaría 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece de electricidad al centro y sur del país, con una capacidad de generación media anual de 18.430 GW.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, lamentó que la discusión sobre el déficit energético de Chile se haya centrado casi exclusivamente en el proyecto HidroAysén.

"El país sabe que este es un proyecto, tenemos que entender que tenemos muchos otros", señaló Pacheco.

Las centrales obtuvieron su aprobación medioambiental en 2011, pero la fuerte oposición de grupos ciudadanos y ambientalistas, que han interpuesto varios recursos judiciales y administrativos contra el proyecto, determinaron que fuera el Gobierno el que adoptara la decisión final a través del Comité de Ministros.

El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) celebró la decisión del Comité de Ministros y señaló que es "una señal de que la institucionalidad ambiental vuelve a su cauce". Esa institucionalidad, agregó la entidad, "incluso ya deficiente, fue sistemáticamente vulnerada por los anteriores Gobiernos". La entidad insistió en que, desde su origen, este proyecto "no debió haber sido acogido a tramitación".