A cinco días de asumir como gobernador de Antofagasta, el nombre de Hernán Vargas Canivilo continúa siendo flanco de críticas y cuestionamientos, no sólo por la forma en que se concretó su designación, que a juicio de muchos demostró el centralismo y "muñequeo" político de una corriente del Partido Socialista, sino también por la pensión vitalicia de cerca de 150 mil pesos mensuales que recibe por su condición de "prisionero y torturado político", que es cuestionada por agrupaciones de derechos humanos.

La Agrupación de Detenidos y Desaparecidos de Calama esta semana emitió una declaración pública, firmada por su directiva en pleno, rechazando el nombramiento de Vargas y emplazándolo a renunciar al beneficio.

"No estamos de acuerdo con el nombramiento, por tratarse de un militante socialista que ha sido cuestionado y emplazado públicamente y en reiteradas ocasiones por recibir una pensión vitalicia de la Ley Valech, por apremios de la dictadura, a pesar de no haber sufrido tales apremios".

Agregan que para ellos fue un alivio escuchar hace algunos años las declaraciones de Vargas Canivilo que afirmaban que renunciaría al beneficio otorgado por el Estado, cosa que el 25 de julio del año pasado reconoció no haber hecho. Es más, cuando se le consultó en un debate público por este tema señaló no haber sido ni prisionero ni torturado político y que postuló al beneficio de la ley Valech aconsejado por su madre, ya que en su calidad de dirigente estudiantil fue varias veces detenido, sufriendo "apremios ilegítimos" en las comisaría.

Los dirigentes de la agrupación de derechos humanos en Calama consideran que el actuar del gobernador de Antofagasta "atenta contra la verdad, aprovechándose deliberadamente de un beneficio que no merece recibir. Creemos que es una falta de respeto, que pone en tela de juicio la verdadera justicia reparatoria de este instrumento para las miles de personas y familias que efectivamente fueron víctimas de la dictadura militar".

En la declaración pública, ésta agrupación emplaza públicamente a Hernán Vargas Canivilo a "renunciar a los beneficios derivados de la Ley Valech, además de concretar a la brevedad un encuentro con nuestra organización, a fin de ofrecer sus disculpas por su actuar en un tema de alta sensibilidad e impacto para quienes integramos la Agrupación de Detenidos y Desaparecidos de Calama".

Los beneficios que contempla la ley para los prisioneros y torturados que figuran en las nóminas elaboradas por la Comisión Valech son monetarios, médicos, educacionales y de vivienda, entre otros.

La pensión establecida durante el año 2004 fue para personas menores de 70 años de edad por $1.353.798; mayores de 70 años y menores de 75 años de edad: $1.480.284; y mayores de 75 años: $1.549.422. Este bono se ha ido reajustando anualmente de acuerdo con el IPC. y su pago es mensual, en 12 cuotas equivalentes, a partir del primer día del mes subsiguiente al que se presentó la solicitud. Así figura en la Biblioteca del Congreso Nacional.

La agrupación en Calama solicita además a las nuevas autoridades reevaluar esta designación. "Solicitamos particularmente a la compañera Presidenta Michelle Bachelet, a reconsiderar el nombramiento del señor Vargas como gobernador de Antofagasta, por tratarse de una persona que falta a la verdad, atentando contra la honorabilidad que toda autoridad gubernamental debe ostentar".

Estos cuestionamientos se suman a los que se han realizado a otros gobernadores en Chiloé y Ñuble.

"Atenta contra la verdad, aprovechándose deliberadamente de un beneficio que no merece recibir. Creemos que es una falta de respeto".

Agrupación Detenidos y

Desaparecidos Calama

Claudia Placencio Muñoz, Gobernadora Chiloé: es cuestionada por bajo puntaje en la FPS (2.119), calificando como indigente.

Santiago Delgadillo, Gobernador de Santiago: es cuestionado por enfrentar una querella del CDE por malversación de fondos públicos.

Cristian Fernández, gobernador de Ñuble: es cuestionado por problemas administrativos en su periodo de alcalde de San Fabián de Alico.

Mientras transcurren los días comienzan a aparecer nuevos antecedentes que comprometen al círculo más cercano del intendente Valentín Volta.

Según consigna el sitio web TimeLine, el ingeniero comercial Pablo Palza, quien fue presentado como jefe de la División de Administración y Finanzas de la Intendencia, fue demandado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Esto, por el no pago de arriendo de un inmueble fiscal ubicado en el sector Las Maitas del Valle de Azapa, cuando trabajaba en Arica. Debido a la nula cancelación de las mensualidades, el CDE presentó una demanda ejecutiva en contra del ahora asesor del jefe regional, por la suma de $2.298.777 más reajustes e intereses. Aunque la deuda fue pagada el 4 de marzo de este año, el intendente Volta salió a dar explicaciones por este hecho que compromete a su asesor.

"Pablo Palza efectivamente tuvo un juicio ejecutivo, producto de un terreno que él tenía y cuyo arriendo era de Bienes Nacionales. A él le suben arbitrariamente un 600% el valor del arriendo y se inicia una disputa, donde Bienes Nacionales y el CDE actúan, pero él procedió a pagar como es debido y no tiene ninguna deuda", aclaró.