El conflicto judicial por la construcción del galpón de recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre en el puerto se apresta a entrar en su etapa definitoria.

El abogado y concejal Jaime Araya aseguró que junto al municipio ya están preparando los argumentos que presentarán a la Corte Suprema para confirmar el fallo de primera instancia conseguido en Antofagasta. Hay que recordar que el 5 de marzo, ATI, Minera Sierra Gorda, el FCAB y la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, apelaron al dictamen que emitió la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el cual dejaba sin efecto las resoluciones de calificación ambiental del proyecto del galpón y de las iniciativas asociadas al transporte del material.

Jaime Araya explicó que la causa aún no ingresa al tribunal de última instancia. Recién cuando ello ocurra, tendrán claridad sobre las fechas en que se realizarán los alegatos.

"Estamos esperando los resultados de las muestras que tomó el Colegio Médico (al polvillo extraído de lugares aledaños al puerto), eso servirá como un antecedente para la sentencia", informó Araya.

Actualmente, las obras del galpón están detenidas. Esto, luego que la diputada Paulina Núñez, Jaime Araya y el arquitecto Emile Ugarte acudieran a la Corte de Apelaciones solicitando una orden judicial complementaria al fallo que anuló las resoluciones.

El administrador municipal, Mauricio Peldoza, afirmó que si la Suprema programa alegatos, él mismo asumirá la responsabilidad de representar a la casa consistorial.

"Vamos a reafirmar lo que ya dijimos en la Corte de Apelaciones, en el sentido que el proyecto fue fraccionado y que se requiere un estudio de impacto ambiental. En eso nos vamos apoyar", comentó.

Asimismo, el administrador municipal confirmó que cuando estén los resultados de las muestras que tomó el Colegio Médico, aportarán los antecedentes al caso.

En relación a los plazos, Mauricio Peldoza manifestó que ellos dependen exclusivamente de la Corte Suprema y de su carga laboral.

Según explicó el secretario regional del Colegio Médico, Hugo Benítez, los resultados de estas muestras estarán listos en tres semanas.

"Estos análisis podrán demostrar que la actividad industrial y el transporte y acopio de cobre a través del recinto portuario, están afectando a la comunidad", enfatizó.

La presunción del colegio es que el polvillo tendrá altas concentraciones de metales pesados peligrosos.

La varazón masiva de jaibas en la bahía de Mejillones, registrada el pasado lunes 24 de febrero, ya tiene una explicación.

De acuerdo a antecedentes dados a conocer por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), el fenómeno se explicaría por causas naturales, relacionadas con la presencia de un "boom fitoplanctónico" que afectó una zona aproximada de 20 kilómetros de costa, entre la planta de Enaex y el balneario Hornito.

Según explicó la veterinaria de Sernapesca en Antofagasta, Dayán Piñones, las microalgas pueden adherirse a las branquias de las jaibas generando su muerte por asfixia. También es posible que al decantar, el alga se comience a descomponer, consumiendo el oxígeno disponible en el mar.

Según explicó la profesional esta bahía es anóxica, es decir, que tiene un bajo porcentaje de oxígeno disponible. Esta condición, sumada a la anterior, provocó la muerte masiva de estas especies.

Con la investigación de queda descartada una de las hipótesis originales, que apuntaba a la presencia de carboncillo contaminante en la zona, presumiblemente derramado por faenas industriales.

La muerte de las jaibas se produjo durante varios días, según lo que señaló en su momento el biólogo Roberto Villablanca, que visitó el área afectada por el fenómeno.

La muerte de las jaibas se generó durante al menos una semana y fue la corriente marina y las olas las que terminaron por lanzar cientos de ejemplares a la costa mejillonina.

Una veintena de personas ya ha cumplido en la región penas sustitutivas, entre ellas, de servicio a la comunidad, tras cometer delitos de menor cuantía o que, pudiendo ser considerandos graves, reciben penas atenuadas.

La norma que permite esta salida (la N°20.603) comenzó a regir el 26 de diciembre del año pasado y puede ser aplicada a hurtos, robo a vehículos, manejo en estado de ebriedad, robo con fuerza en lugar no habitado, delitos contra la propiedad intelectual y, en general, a ilícitos con penas inferiores a 5 años.

Se excluyen de esta posibilidad delitos como robo con intimidación con reincidencia y los delitos sexuales.

Antofagasta no ha estado ajena a la aplicación de este tipo de condenas, que fundamentalmente buscan evitar que personas que han cometido delitos menores, vayan a la cárcel.

Otra ventaja es que permite a los condenados asumir y reparar en parte el daño provocado, por ejemplo, con trabajo a favor de la comunidad.

La nueva ley establece cuatro formas de cumplir las condenas, comenzando por la libertad vigilada, que significa estar sometido a un régimen de control y orientación por parte de un delegado.

Existen dos tipos de libertades vigiladas. El primero es el régimen normal, que se aplica a condenas entre dos y tres años, y el segundo a la libertad vigilada intensiva, que rige para penas mayores de tres años y menores a cinco años.

También se aplica a los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales con penas de 540 días y no más de 5 años. Este régimen es de mayor control, supervisión e intervención.

Otra condena alternativa es la reclusión parcial, que significa que la persona no deberá cumplir pena en centros penitenciarios, sino que bastará con que permanezca en su domicilio u otro lugar determinado por el tribunal, por un total de 56 horas semanales. Este tiempo puede ser diurno, nocturno o de fin de semana.

La ley también incluye la remisión condicional de la pena, que obliga al condenado a firmar en un centro de reinserción social una vez al mes por el tiempo que dure su condena, que puede ir de 1 a 3 años.

La defensora regional Loreto Flores destacó que el hecho que la norma reemplace la antigua reclusión nocturna por una reclusión parcial, permitiendo así que la persona cumpla su pena en el domicilio, dentro de un horario determinado, buscando adaptarse a sus necesidades laborales.

En relación a las prestaciones de servicio a la comunidad, que es la parte más llamativa de la ley, la defensora explicó que se aplica a delitos que contemplan reclusión hasta por 300 días.

También puede usarse para sustituir el pago de multas impagas, tema que antes daba origen a días de cárcel.

Según detalló Loreto Flores, los servicios a la comunidad se realizan a través de convenios con la municipalidad u otros servicios, sin que la persona reciba remuneración.

Muchos de estos trabajos dicen relación con labores de jardinería, aseo, mantención o bien con la colaboración en recintos comunitarios, como el Hogar de Cristo.

"El trabajo es que Gendarmería concrete todos los convenios que considere importante, para así dar cumplimiento a estas condenas", dijo la defensora regional.

Hasta ahora unas 20 personas han cumplido sus condenas a través de este sistema, la mayoría debido a alguna multa que pudieron pagar.

El director regional de Gendarmería, teniente coronel Ricardo Bravo Palma, señaló que esta modificación legal contribuirá a la reinserción social.

El oficial dijo además que la aplicación de la norma debe ser enfrentada como un objetivo conjunto con entidades de la comunidad.

"Es por esta razón que agradecemos a las organizaciones sin fines de lucro que han querido estar presentes en el desarrollo de estas condenas, como lo es, en este caso, la Municipalidad de Calama", dijo.

Cabe señalar que en Calama se conformó la primera cuadrilla de trabajo social que existe en la región.