Los cambios de última hora en la designación de los gobernadores provinciales siguen despertando críticas al interior de la Nueva Mayoría. A éstas se sumaron los parlamentarios de dicha coalición, quienes manifestaron su molestia con los nombramientos, "que no responden a los criterios establecidos".

Senadores y diputados habían adherido a la idea de nombrar autoridades que no tuvieran cuestionamientos públicos, legales o comerciales para no repetir los problemas surgidos tras la nominación de los subsecretarios y que condujeron a la renuncia de cuatro autoridades antes de asumir.

Además, se había conversado la necesidad que los gobernadores estuvieran identificados con las zonas que iban a representar y conocieran las problemáticas territoriales.

Para el senador Pedro Araya, en estas designaciones de gobernadores claramente no se respetaron tales acuerdos.

"No se siguió el criterio que se tuvo con los otros subsecretarios, en el sentido que aquellos que estuvieran cuestionados por distintos temas, no asumieran cargos de gobierno", dijo el parlamentario, apuntando directamente al gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas Canivilo (PS).

"Actualmente el gobernador de Antofagasta tiene un tema que no ha explicado suficientemente a la comunidad antofagastina, como es el hecho de estar recibiendo la pensión Valech sin haber sido efectivamente una persona que haya sido torturada o preso político, más otros temas que se han conocido en las últimas horas", afirmó.

En esta misma línea, la diputada Marcela Hernando (PRSD) apuntó al trabajo realizado con los partidos y parlamentarios de la zona en pos de buscar a las personas "más idóneas para los cargos".

"Nosotros como Partido Radical trabajamos hasta con los comunales y las bases del partido, para que fuera propuesta una cantidad importante de profesionales con experiencia y capacidad. Ello, con la idea que fueran de las localidades donde se iban a desempeñar. Para nosotros esto (las designaciones) es un portazo en la cara", declaró.

Los comentarios de pasillo aluden a que un cambio de último minuto en el Ministerio del Interior habría favorecido al socialista Hernán Vargas, pese a que en la nómina consensuada previamente habría estado la abogada de Derechos Humanos, Fabiola Riveros.

En el caso de Calama, el socialista Christian Pizarro corría con ventaja, según fuentes de la Nueva Mayoría, siendo desplazado por el radical Claudio Lagos, en un decisión tan sorpresiva como la tomada en la Provincia de Antofagasta.

Según el senador Araya, en las horas posteriores a los nombramientos, recibió una serie de reclamos por el tema.

"Nosotros hemos tenido que recibir quejas porque se haya nombrado a una persona que no conoce la realidad de Calama (Claudio Lagos) y que tendrá que interiorizarse de las necesidades de esa provincia", argumentó el exDC.

La molestia del parlamentario apunta a quienes estuvieron a cargo de la negociación y que no respetaron los criterios consensuados.

"Más que proponer nombres específicos, lo que se planteamos fueron criterios para designar a los gobernadores. Dentro de esos criterios estaba, primero, que fueran personas que no tuvieran cuestionamientos públicos de ningún tipo y, segundo, que efectivamente vivieran en la comuna o provincia que iban a representar", aseguró.

Araya dijo que con esto lo que se buscaba era que durante la instalación del gobierno regional y provincial se generara una inmediata discusión sobre los problemas y sus soluciones, sin tener que esperar a que las autoridades salieran a detectar tales necesidades.

A su vez, la diputada Hernando señaló que como parlamentarios contribuyeron en la nominación de los profesionales más idóneos, pero la decisión no estuvo en sus manos.

"La respuesta política la tiene que dar la instancia pertinente, que creo que es el intendente. La verdad es que cuando uno observa que se van dando situaciones de esta naturaleza, no puede más que estimar que debe apoyar al gobierno que entra", afirmó la exalcaldesa de Antofagasta.

"Para nosotros esto (las designaciones)

es un portazo en la cara. Todo el trabajo consensuado con los parlamentarios no

está siendo tomado en cuenta".

Marcela Hernando Diputada PRSD

El movimiento social "Salud un Derecho" solicitó al intendente Valentín Volta medidas especiales y urgentes para afrontar la crisis de salubridad que afecta al Hospital Regional de Antofagasta, donde se detectó un brote de la bacteria Clostridium Difficile y una plaga de baratas.

En una carta entregada a asesores del jefe regional, los dirigentes sociales solicitaron declarar al hospital en estado de emergencia sanitaria, para así contar con recursos humanos, técnicos y financieros que permitan mejorar las condiciones que ofrece el centro médico.

Además, piden que el Ministerio de Salud nombre un interventor dotado de poderes para actuar en distintos planos. Por ejemplo, manifiestan la necesidad de cambiar los ductos donde hoy proliferan los vectores y aumentar el control a los funcionarios.

Este mismo movimiento acudió hace unos días a Contraloría para denunciar que funcionarios del hospital interrumpían su jornada laboral para salir del recinto a comprar alimentos y otras actividades.

Incluso a raíz de ello pidieron la destitución del director del centro asistencial, Juan Pablo Mattatal, por la causal de abandono de deberes.

"La falta de control redunda en una deficiente atención a los pacientes y usuarios y en la creación de condiciones de insalubridad y falta de higiene", manifestaron.

También solicitaron al nuevo intendente de la DC que los recursos que hasta el año 2010 estaban asignados a la construcción del nuevo hospital, sean restituidos a la región.

Hay que recordar que tales recursos fueron retirados cuando se optó por concesionar la construcción y operación del hospital, concurso que ganó el consorcio Sacyr.

El nuevo Hospital Regional contempla una inversión superior a los US$250 millones y será el más grande de Chile a nivel de superficie, con 114.000 metros cuadrados. Asimismo es la primera concesión que considera, además de la construcción, su mantenimiento y la explotación de servicios no clínicos.