Antofagasta Terminal Internacional (ATI) apeló ayer a la Corte Suprema por el fallo que dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental del galpón de recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre que construye en el puerto.

Dichas obras están paralizadas debido a una "orden de no innovar" dictada el lunes por tribunales antofagastinos, la cual se mantendrá vigente a la espera del fallo del máximo tribunal del país.

El documento con la apelación de la concesionaria fue entregado en las dependencias de la corte capitalina por abogados de la compañía.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocía la posición adoptada por Minera Sierra Gorda, empresa que tiene contratos vigentes con ATI para el uso del galpón y que también se vio afectada por el fallo dictado a nivel local.

La tercera empresa comprometida, el FCAB, que a su vez iba a encargarse del traslado del mineral desde la faena al puerto, habría adoptado la decisión de no apelar.

De hecho, el ferrocarril estaría pensando en un "plan B", que consistiría en la subcontratación de una empresa externa para realizar el transporte del concentrado de cobre de Minera Sierra Gorda a Puerto Angamos en Mejillones, hecho que aún no es confirmado oficialmente por la firma.

El proceso iniciado ayer por ATI en la Corte Suprema podría demorar dos meses, periodo durante el cual, la construcción del galpón deberá mantenerse detenida.

Ayer, la empresa concesionaria a través de un comunicado de prensa dijo que debido a la complejidad de los trabajos, puso en marcha un "plan de detención" de las obras.

Cabe recordar que el 20 de diciembre de 2013 la construcción del galpón se detuvo por primera vez, al no contar con los permisos de la Dirección de Obras Municipales.

Por esta situación, ATI perdió cerca de $672 millones ($32 millones diarios) por contratos de mano de obra y otros factores. Con la nueva paralización, las pérdidas aumentarán la pata empresa privada, que desde 2003 tiene la concesión del Frente de Atraque 2.

La posibilidad que al menos una de las empresas afectadas no apele a la Corte Suprema abre el debate respecto a las consecuencias que ello podría tener en el fallo de última instancia.

El abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Cristián Delpiano, aseguró que lo esperable sería que las tres empresas afectadas apelaran.

"Ahora bien, puede ser que cada una apele o bien pueden adherir a la presentación de ATI. Otra posibilidad es que con una eventual resolución de la Suprema a favor de ATI, las restantes compañías presenten las modificaciones pertinentes para obtener sus calificaciones ambientales favorables", comentó.

El arquitecto Emile Ugarte, quien fue uno de los primeros en denunciar la presencia del galpón, lamentó la decisión de ATI de apelar a la Suprema.

"Parece que a la empresa no le interesa la opinión de la comunidad, ni respeta el fallo de los tribunales", manifestó.

El expresidente de la Cámara de la Construcción aseguró que es "muy difícil" que la situación se revierta.

"Desde un principio sabía que esto estaba mal. Por eso presenté un escrito en Contraloría Regional con los mismos fundamentos", señaló.

La abogada Paulina Núñez, quien representó a la comunidad en los recursos contra el galpón, asumirá como diputada del Cuarto Distrito el 11 de marzo, razón por la cual tendrá que dejar el patrocinio de la causa. De esta manera, el litigante en la apelación presentada ayer por ATI ante la Corte Suprema será el concejal y también abogado, Jaime Araya. El edil es también uno de los promotores de una denuncia a la Ocde.