Una joven inmigrante de 20 años confesó que utilizó el medicamento Misotrol, que adquirió a través de internet, para provocarse un aborto, por lo que tuvo que ser atendida de urgencia en el Hospital Regional.

La colombiana, identificada con las iniciales E.M.L., el fin de semana comenzó a sentir dolores abdominales. Por ello decidió acudir hasta el Centro Asistencial Norte (CAN), el recinto médico más cercano a su domicilio.

Tras detectar las condiciones en las que se encontraba la joven, desde el CAN la derivaron hasta el Hospital Regional, donde la ingresaron a Urgencia. Mientras la atendían, los especialistas detectaron que su embarazo de 14 semanas estaba en peligro. Se trataba del primer hijo de la inmigrante.

Sin embargo, la gestación ya había sido interrumpida, generándose el aborto. Parte del procedimiento en estos casos es realizar un raspado en el útero, para extraer cualquier tejido que pueda comprometer la salud de la paciente. En esta etapa fue que el personal médico detectó rastros de Misotrol, por lo que dieron aviso a la policía.

La denuncia la recibió el Ministerio Público, que encargó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). Los funcionarios llegaron hasta el hospital, donde entrevistaron a los especialistas y también a la propia afectada.

Durante esta etapa, la joven colombiana confesó a los oficiales de la PDI que había comprado el Misotrol a través de internet. También dijo que ingirió las pastillas la noche anterior a sus malestares y que en pocas horas provocó la pérdida de su embarazo.

La acusada de aborto quedó bajo la custodia de Carabineros en el Hospital Regional, mientras que la PDI daba cuenta de lo sucedido al fiscal de turno.

El persecutor no dispuso la detención de E.M.L., quien fue apercibida por el artículo 26 del Código Procesal Penal, es decir, fijar un domicilio donde la Fiscalía la ubicará para tomar otras declaraciones. En caso de cambiarse de casa o de ciudad, debe informar al Ministerio Público o a las policías.

Desde la Fiscalía Local informaron que la investigación en estos casos apunta a realizar entrevistas a los involucrados y también a solicitar informes técnicos.

La idea es confirmar o descartar científicamente que la acción de un medicamento gatilló o tuvo incidencia en el aborto.

Estas diligencias son las que se realizarán al personal médico del Hospital que atendió la urgencia y también con la joven extranjera. Sin embargo, hay otra arista que el Ministerio Público indagará y es la participación de quién o quiénes venden el Misotrol.

"Ayudar y también ejecutar un aborto son dos delitos que se persiguen en la legislación chilena", manifestaron desde la Fiscalía Local.

El fármaco que utilizó la joven de 20 años se comercializa únicamente con prescripción médica y es ampliamente conocido por sus rápidos efectos para generar pérdidas de embarazo.

Pero adquirir este medicamento no es difícil, ya que puede comprarse por internet, como sucedió en este caso. Sin ir más lejos, en Perú el producto no requiere receta médica para ser vendido.

El fármaco contiene el misoprostol que produce contracciones en el útero y puede provocar parto prematuro. Es un medicamento que no está formulado para abortar, sino más bien para problemas gástricos

A 15 años y un día de cárcel fue condenado Roberto José Codocedo Muñoz, a quien el Tribunal Oral en lo Penal encontró culpable de los delitos de abuso sexual reiterado y violación, que cometió contra la hija de su conviviente, una niña de sólo ocho años.

El fiscal (s) de Tocopilla, Ricardo Castro Lillo, acusó al mecánico de 28 años, a quien imputó la perpetración de los delitos ocurridos en 2012 en María Elena. Como querellante también se hizo presente el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos.

Según el relato del persecutor, Codoceo aprovechaba los momentos en que la menor quedaba bajo su cuidado para abusar de ella.

Estos hechos sucedieron entre septiembre y diciembre de dicho año. Sin embargo, fue en este último mes que se generó el hecho más violento.

La noche del 16 de diciembre, el condenado violó a la niña, dejándola con serias lesiones internas. Tres días más tarde, la madre de la menor realizó la denuncia y el mecánico fue detenido por la policía.

Durante el desarrollo del juicio, el acusado renunció a su derecho a guardar silencio y negó tajantemente las acusaciones en su contra. Pero el Ministerio Público presentó pruebas contundentes contra él. Entre ellas estuvo el informe de la sicóloga que entrevistó a la niña, quien dio veracidad al relato de la víctima, descartando su manipulación.

También estuvo presente la versión de la médico legista, quien declaró que las heridas internas que sufrió la niña sólo pudieron ser provocadas al ser violada por un adulto.

El testimonio de la afectada fue una de las pruebas más claras en su contra, ya que comentó en detalle cómo era el día a día con su abusador.

La menor de ocho años explicó al tribunal que estos "episodios" ocurrían a veces por la mañana, cuando el imputado llegaba al hogar luego de cumplir el turno de noche y en momentos que su mamá iba a trabajar.

También señaló que era recurrente que experimentara sueños "feos" que la asustaban, junto con narrar las lesiones que quedaron en su cuerpo tras la violación. Todos estos antecedentes fueron más que suficientes para que el tribunal lo condenara a una pena única de 15 años y un día de cárcel.

El condenado no cumplía los requisitos para optar a ningún beneficio y sus muestras de ADN pasarán al registro nacional de inhabilidades.

En los últimos tres años, la Defensoría Penal Pública en Antofagasta manejó nueve causas por "aborto consentido". En 2011, tuvieron tres casos, y el año siguiente la cifra llegó a cuatro. En 2012 se registraron sólo dos causas de este tipo, mientras que bajo la descripción "aborto sin consentimiento" no hubo ninguna en los últimos tres años. La dificultad en investigar este tipo de casos está en determinar científicamente si la pérdida del embarazo obedece sólo a la acción de un medicamento o, a la intervención de un tercero.