Un día después de conocerse el fallo que anuló la resolución de calificación ambiental que autorizaba la construcción de un galpón para concentrado de cobre en el puerto, la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI) confirmó que apelará a dicha resolución ante la Corte Suprema.

La decisión de la concesionaria del "Frente de Atraque N°2" debiera ser imitada por las otras empresas afectadas por la resolución de la justicia antofagastina, Minera Cuadra y el FCAB, aunque desde éstas aún no confirman tal medida.

Minera Cuadra sufrió la anulación de los permisos ambientales otorgados a la "actualización" de su proyecto Sierra Gorda, mientras que la compañía ferroviaria quedó imposibilitada de transportar concentrado de cobre hasta el galpón, todo como parte de un solo fallo emitido el miércoles por la Sala de Verano de la Corte de Apelaciones.

El recién asumido gerente general de ATI, Gastón Bastías, explicó que la compañía no se privará de su derecho a recurrir a instancias judiciales superiores, pues está convencida que el proyecto del galpón se ajusta a la legalidad y no reviste peligro alguno para la población.

"Lo que nosotros estamos haciendo no tiene ningún efecto nocivo para nadie y eso nos genera la convicción de que la apelación es un paso que estamos obligados a dar", señaló.

Bastías enfatizó que apenas asumió la conducción de la empresa concesionaria (el lunes de esta semana) se preocupó de revisar en detalle el proyecto de construcción del galpón, llegando a la conclusión que el acopio y embarque de concentrado de cobre, en los términos que está planteado y con las medidas de hermeticidad comprometidas, genera cero contaminación al exterior.

"Si tuviésemos alguna duda, lo primero que haríamos sería rectificar el proyecto y cambiarlo", recalcó.

El fallo conocido esta semana va más allá del galpón y cuestiona el fraccionamiento que sufrió el "Proyecto Sierra Gorda", de Minera Cuadra, aprobado ambientalmente en julio de 2011.

Dicha iniciativa establecía que el concentrado de cobre producido por la compañía sería enviado a Mejillones a través de un concentraducto de 141 kilómetros de largo para ser exportado por vía marítima.

El proyecto, sin embargo, luego sufrió modificaciones de fondo, pues la empresa desistió del concentraducto y estableció, en una "actualización" de su propuesta original, que el traslado sería en camiones o trenes y que el acopio y embarque se realizaría en el Puerto de Antofagasta.

De esta manera, interpretaron los jueces en su fallo del miércoles, el proyecto primitivo se dividió en tres, pues ahora Minera Cuadra en lugar del concentraducto construirá una línea férrea para conectar su faena con el trazado del FCA; el FCAB a su vez transportará el material hasta el puerto, donde ATI lo recepcionará y acopiará (en el galpón), para después embarcarlo.

Cada uno de estos proyectos fue sometido por separado a calificación ambiental y todos fueron aprobados con pocos meses de diferencia en 2012.

En su resolución, la Sala de Verano de la Corte de Apelaciones, además de anular las tres resoluciones, ordena a las compañías involucradas "abstenerse de realizar cualquier acto que comprenda la ejecución de sus proyectos".

Ayer, el gerente general de ATI manifestó que los análisis jurídicos hechos sugieren que dicha instrucción no es aplicable en esta etapa, pues el fallo aún no está confirmado.

De esta forma, comentó Gastón Bastías, la construcción del galpón, que ya tiene un 70% de avance, seguirá adelante mientras se resuelve la apelación.

"Nos asiste el derecho de seguir construyendo a menos que la Corte Suprema ordene otra cosa", manifestó.

Ayer, en tanto, el abogado de ATI, Carlos Claussen, señaló que ya se trabaja en el escrito de apelación, que debe ser presentado a más tardar el miércoles de la próxima semana.

Claussen descartó coordinación entre las empresas, asegurando que se trata de proyectos distintos y resoluciones de calificación ambiental diferentes, lo que supone que cada compañía debe tomar decisiones independientes.

El gerente general de ATI, Gastón Bastías, también se refirió a las tareas que actualmente se realizan para embarcar concentrado de cobre por Antofagasta, tema que fue advertido durante los alegatos judiciales previos al fallo y que motivaron la reacción del Colegio Médico. Al respecto, señaló que se trata de una actividad que viene "desde los orígenes del puerto" y que ATI asume el año 2003 junto a la concesión del Frente N°2. El ejecutivo explicó que las mediciones realizadas indican que incluso hoy no se emite contaminación ni de concentrado de cobre ni de material particulado en general.

El concejal Jaime Araya, uno de los patrocinantes de las acciones legales que condujeron a la anulación de los permisos del galpón, criticó la decisión anunciada por ATI y anunció una presentación ante la Ocde.

ATI apelará a la Corte Suprema. ¿Qué lectura hace de aquello?

-Quieren eludir el tema de fondo, que es la evidencia de un actuar abusivo, donde se atropellan los derechos de la comunidad, aprovechando marcos regulatorios débiles y una cierta resignación que había de la ciudad. Mi impresión es que poner el foco en la arista judicial es una estrategia para dejar fuera la ética, el sentido común y los estándares internacionales. Estas tres empresas buscan defensas jurídicas, frente a cuestionamientos mucho más profundos.

¿Qué escenarios advierten en el tribunal de Santiago?

-Como en todos los juicios, se puede confirmar o revocar el fallo. Ahora bien la sentencia dictada tiene una gran solidez, coherencia y fundamentación, es bien impresionante la rigurosidad y lógica que desarrolla la Corte de Apelaciones, eso nos da gran confianza que la Corte Suprema va a confirmar.

¿Cuáles son los argumentos sostienen un reclamo a la Ocde?

-Estos cuestionados proyectos deben cumplir estándares más altos que los mínimos jurídicos contenidos en nuestra débil legislación ambiental. En ese sentido, tenemos la convicción que a lo menos seis ó siete líneas directrices de la Ocde para empresas multinacionales fueron vulneradas durante la tramitación de las resoluciones ambientales.