Corte anula permisos del galpón y para transporte de concentrado
Dirigentes vecinales, del Colegio Médico y de distintas organizaciones sociales tenían programado reunirse ayer en el edificio Tangerine con un objetivo muy claro: definir nuevas acciones para oponerse a la construcción de un galpón para concentrado de cobre en el Puerto de Antofagasta.
Sin embargo, los planes súbitamente cambiaron. Pocas horas antes del encuentro, se enteraron que la Corte de Apelaciones de Antofagasta había acogido los recursos de protección presentados contra el proyecto, dejando paralizada la iniciativa.
En efecto, ayer la Sala de Verano del tribunal se pronunció a favor de las presentaciones hechas por la alcaldesa Karen Rojo y la diputada electa Paulina Núñez, entre otros actores, invalidando la resolución de calificación ambiental otorgada al proyecto de la concesionaria ATI, como también las emitidas a favor del FCAB para el traslado del producto hasta al galpón, y a Minera Sierra Gorda por la actualización de su proyecto extractivo.
El caso, aunque ha sido conocido fundamentalmente por la construcción del galpón, tiene un fondo más complejo.
Según se describe en las presentaciones judiciales, en julio de 2011 la empresa minera obtiene la aprobación ambiental de su "Proyecto Sierra Gorda", el cual consideraba la construcción de un concentraducto de 141 kilómetros de extensión para el envío de concentrado de cobre hasta Mejillones y su embarque y comercialización por vía marítima.
Posteriormente, en diciembre de 2012, la Comisión de Evaluación Ambiental aprueba una "actualización" del proyecto, donde ahora se descarta el concentraducto y se plantea que el mineral será sacado en camiones y ferrocarril, para lo cual es necesario construir una línea férrea de 10,5 kilómetros que conecte la mina con el trazado el FCAB.
Casi en paralelo, la empresa de ferrocarriles obtiene el visto bueno ambiental de un proyecto para el transporte en góndolas herméticas del concentrado de Minera Sierra Gorda y ATI logra el permiso para la construcción del galpón que recibirá, acopiará y embarcará los cargamentos.
Lo que establece el fallo conocido ayer es que el proyecto original de Minera Sierra Gorda, que estaba debidamente aprobado desde la perspectiva ambiental, fue "desmembrado" en varias iniciativas diferentes, situación que, en opinión de los jueces, atenta contra el sentido "holístico" que éste debía tener, considerando sus características.
Más importante aún, los magistrados establecen que la división del proyecto en otros tres distintos alteró el área de influencia ("línea base") de la iniciativa ya aprobada, pues se incorpora una nueva comuna y un nuevo puerto para el acopio y embarque del concentrado de cobre.
Agregan los jueces que este cambio de planes debió haberse sometido a un Estudio de Impacto Ambiental, donde la nueva comunidad afectada, en este caso la antofagastina, pudiera participar por la vía de las observaciones.
No hay que olvidar que tanto la "actualización del Proyecto Sierra Gorda", como el traslado de concentrado en góndolas y la construcción del galpón en el Puerto de Antofagasta, fueron objeto de "declaraciones de impacto ambiental", instrumento que supone procedimientos mucho más acotados y donde no es obligación informar a las comunidades.
El fallo de los magistrados además de invalidar las resoluciones de calificación ambiental otorgadas a los tres proyectos fraccionados, establece que éstos deberán complementarse al estudio de impacto ambiental calificado favorablemente en julio de 2011, agregando que mientras ello no suceda "los recurridos deberán abstenerse de realizar cualquier acto que comprenda la ejecución de sus proyectos".
La noticia fue celebrada a las afueras de la Corte de Apelaciones por las organizaciones sociales y gremios que impulsaron las acciones legales.
La diputada electa Paulina Núñez destacó que el fallo de la corte deja de manifiesto "la ilegalidad con se actuó" al presentar como tres cosas distintas un proyecto único.
"Cuando el proyecto se fracciona la autoridad no logra ver la zona que podría resultar afectada ante accidentes o contingencias y, por tanto, se vulnera el principio preventivo, que es primordial en materia medioambiental", afirmó.
Núñez señaló que el fraccionamiento de los proyectos es una situación que, de hecho, se evita con las últimas modificaciones introducidas a la Ley de Bases de Medio Ambiente, dictadas con posterioridad a la aprobación de las iniciativas cuestionadas.
Si bien las empresas tienen cinco días para apelar a la Corte Suprema, la futura parlamentaria dijo esperar tales presentaciones no se concreten y que Minera Sierra Gorda respete su proyecto original, es decir, desista de sacar su producción por el Puerto de Antofagasta y construya el concentraducto para embarcarlo por Mejillones.
"Si no lo hacen, bueno, este fallo es tan contundente que llegaremos con muy buenos argumentos a la Corte Suprema", manifestó la abogada.
El fallo conocido ayer efectivamente es contundente, porque además de invalidar las resoluciones de los tres proyectos fraccionados, se pronuncia sobre los riesgos que involucra la presencia de concentrado de cobre en la ciudad.
"(Las tres resoluciones) son ilegales y afectan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación", indica en una de sus partes.
Además, los jueces desechan uno a uno las argumentaciones expuestas por los abogados de ATI, el FCAB y Minera Sierra Gorda, quienes objetaron tanto la vía elegida para reclamar (el recurso de protección), como los plazos en que fueron presentados, esto es, un año y medio después de la dictación de las resoluciones.
En cuanto a lo último (una eventual "extemporaneidad" de las presentaciones) indica que las acciones reclamadas son de "permanente ejecución", por lo que no corre el plazo de 30 días que se impone a los recursos de protección.
El concejal Jaime Araya manifestó que lo que ocurra de ahora en adelante dependerá de lo que decidan las empresas involucradas.
"La alternativa 'a' es que insistan en tratar de imponer de manera prepotente y abusiva su proyecto apelando a la Suprema, y la 'b' es que demuestren responsabilidad social y entiendan que los argumentos lógicos y jurídicos están en su contra", señaló.
Por su parte, el arquitecto Emile Ugarte, otro de los que apoyó los recursos, manifestó que el fallo debe llevar a revisar los planes de desarrollo que impulsa el Puerto de Antofagasta.
La EPA tiene pensado desplazar 300 metros su límite sur para construir "áreas de respaldo", situación que, en opinión de Ugarte, puede conducir a conflictos similares o mayores.
Este Diario contactó ayer al abogado que representa a ATI, Carlos Claussen, quien declinó hacer comentarios hasta que el fallo esté en sus manos.