El denominado "boom minero" ha provocado la llegada a Antofagasta de miles de personas de otras ciudades del país y también de Sudamérica.
El fenómeno ha contribuido a elevar el precio de las viviendas, al extremo que hoy gran parte de la población tiene dificultades para acceder a la compra de un inmueble.
La falta de ofertas habitacionales de bajo costo generó a su vez la aparición de un lucrativo, pero muchas veces poco fiscalizado, negocio, como es el de las residenciales.
Pese a ser económicas, estas pensiones generalmente esconden problemas de hacinamiento y falta de seguridad para sus habitantes, especialmente mineros e inmigrantes que llegan a la ciudad buscando mejorar su situación económica.
Gustavo Soto es de Illapel, ciudad donde escasean las fuentes laborales, por lo que decidió emigrar al norte de país.
Hace un par de meses que trabaja en una empresa contratista que presta servicios a dos grandes compañías mineras.
Pese a tener una buena remuneración, no le alcanza para solventar un arriendo. Por ello, se hospeda en una residencial ubicada en el centro de la ciudad por un precio más acorde a sus ingresos.
"He estado en varias residenciales de mineros, y no todas son tan cómodas como uno quisiera. Algunas carecen de agua caliente o alimentación. Lamentablemente esta ciudad es muy cara como para comprar o arrendar algo y traer a la familia", señaló el trabajador.
Sobre las condiciones de seguridad, recalca que la mayoría de las pensiones no cumple con los requerimientos mínimos para evitar una posible tragedia.
"Es normal que las residenciales sean casas ampliadas, algunas muy antiguas, donde la seguridad no es algo muy notorio. Además que nos tienen todos hacinados. El problema es que la mayoría de las residenciales son clandestinas y no cuentan con ninguna medida de seguridad", agrega Soto.
Disten Monsalve es colombiano. Llegó a la ciudad en busca de nuevos horizontes, logrando encontrar trabajo en una empresa de alimentación.
Tras un año viviendo en Antofagasta, comenta que la oferta de pensiones o cités es abundante, pero la mayoría trabaja de forma ilegal.
"Desde que llegué a Chile he vivido en distintas piezas. Todas son chicas y con poco espacio para nuestras cosas. Recuerdo que en una de ellas, ubicada en calle Atacama, nos cobraban hasta por el uso del agua caliente", explica.
Monsalve agrega que la mayoría cobra entre $95 y $125 mil al mes, con almuerzo.
Asegura que algunos de estos locales servían también de moteles. "Muchas veces llegaban parejas preguntando el valor de una pieza sólo por la noche. Si los dueños tenían alguna disponible, la arrendaban a $10 mil", comenta.
El consumo de bebidas alcohólicas y también de drogas, son otros problemas frecuentes en algunas pensiones.
"Muchas veces, por el mismo tema de que hay mucha gente en la misma casa, veíamos que entraban alcohol a las piezas. Y cuando ya estaban ebrios, comenzaban las peleas, era algo normal. Los dueños no decían nada, porque les pasaban un poco más de plata y les permitían todo", explicó el trabajador colombiano.
Para que una propiedad pueda prestar servicios de alojamiento primero se tiene que acreditar que cumple una seria de requisitos, tantos técnicos, como sanitarios y de seguridad
En esta revisión participan estamentos como la municipalidad, a través de su Dirección de Obras, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Seremi de Salud.
Entre los requisitos exigidos está poseer un sistema eléctrico trifásico, es decir, un circuito de mayor resistencia.
Además debe contar con pasillos de una amplitud mínima de 1.20 metros y extintores en todos los pisos y corredores. Por obligación también tiene que disponer de dos vías de evacuación independientes en caso de terremoto o incendio.
Desde el punto de vista sanitario, a los responsables de la residencial se les exige disponer de un baño por cada siete personas. A ello se agrega la certificación sanitaria de las cocinerías y el correcto uso de sus utensilios.
Durante 2011 y 2012 dos incendios de grandes proporciones, uno de ellos con cuatro víctimas fatales, se registraron en pensiones del centro de la ciudad. Sus causas, según los informes de la época, fueron precisamente el recalentamiento de las redes eléctricas, que no estaban certificadas.
Debido a estos siniestros, y el creciente fenómeno de las residenciales clandestinas, las autoridades anunciaron la realización de un catastro de los lugares de alojamiento existentes en la ciudad. A la fecha, sin embargo, no se conocen los resultados de este trabajo.
El director regional (s) de la Onemi, Gabriel Quezada, comentó que la presencia de residenciales clandestinas es preocupante, especialmente por sus condiciones de seguridad.
"Estas casas se transforman en algo que nosotros denominamos espacio confinado. Estamos hablando de un gran número de habitaciones ciegas, porque se trata de casas largas con habitaciones al fondo que no tienen una salida expedita a la calle en caso de emergencias", acotó.
Pese a ser un organismo de emergencias, la Onemi no tiene injerencia ni puede ejercer control sobre estas pensiones. Es más, en caso de una tragedia, no pueden entregar ayuda a los afectados.
"Si se produce un incendio, por ejemplo, nosotros no podemos entregar ningún apoyo social a los damnificados. Es el dueño del inmueble el que debe ocuparse de eso", explicó.
María González es dueña de una de las residenciales que cuenta con la certificación de seguridad emitida por todos los estamentos involucrados.
Su inmueble, de calle Esmeralda, posee 26 habitaciones de distintas dimensiones, donde puede alojar a un máximo de 40 personas.
La empresaria señala que se trata de un negocio rentable. Ella en particular cobra $10 mil la noche, agregando $5 mil por desayuno y almuerzo.
"Es una buena fuente de ingreso, ya que atendemos directamente a las empresas que trabajan con las mineras. A veces incluso la gente de recursos humanos (de las mineras) viene a inspeccionar que tengamos a sus viejitos (mineros) en buenas condiciones", precisa.
Como cualquier negocio establecido, la pensión de María González paga semestralmente su patente comercial. La mujer, sin embargo, se queja por el alto valor que le cobra la casa consistorial.
"Pagamos $700 mil cada seis meses a la municipalidad. Es injusto considerando que otras empresas, como los supermercados, pagan mucho menos que nosotros", agregó.
Para los próximos años se anuncia la puesta en operaciones de varios proyectos mineros, lo que seguramente atraerá más trabajadores a la ciudad, los cuales requerirán espacios de alojamiento.
Por ello las residenciales son un tema que debe estar permanentemente en la agenda de las autoridades.
"He estado en varias residenciales de mineros, y no todas son tan cómodas como uno quisiera. Lamentablemente esta ciudad es muy cara como para comprar o arrendar algo y traer a la familia".
Gustavo Soto
Trabajador de Illapel
