Un grupo de abogados suecos presentó ayer ante el juzgado de Skellefteå (al norte de Suecia) una demanda contra la minera local Boliden por los daños a la salud causados por las emanaciones de residuos tóxicos enviados hace tres décadas hacia Arica.

El recurso fue presentado en nombre de 707 personas afectadas, la mayoría niños. En él, exigen que Boliden pague una indemnización conjunta de 90 millones de coronas suecas (US$ 13,7 millones).

La sueca Boliden, responsable del desastre natural del Parque de Doñana en España, envió entre 1984 y 1986 unas 20.000 toneladas de barros metálicos que contenían mercurio, arsénico y plomo procedentes de sus instalaciones en Skellefteå a la empresa chilena Promell para que los tratara.

Los residuos nunca fueron procesados por Promell, que años más tarde se declaró en quiebra, y quedaron abandonados a la intemperie.

La Corte Suprema chilena condenó en 2007 al Estado chileno a pagar unos US$ 5,4 millones a los 356 habitantes de la población Cerro Chuño de Arica para reparar el daño a su salud provocado por la intoxicación.

Boliden ha rechazado hasta ahora cualquier responsabilidad en el asunto. La empresa sueca culpa del hecho a Promel, pues le pagó en su momento para que se deshiciera de los desechos.

La demanda, elaborada en colaboración con un bufete chileno y una organización medioambiental de EE.UU., acusa a Boliden de violar la legislación al no pedir a las autoridades suecas el permiso pertinente.

"Simplemente se ocultó que se enviaron los residuos contrariando los permisos y las reglas que regían entonces", declaró uno de los abogados, Johan Örberg, a Radio de Suecia.

La demanda documenta que los ariqueños sufrieron cánceres, dolores en las articulaciones y huesos, tos crónica y dificultades respiratorias.

Detalles de la denuncia

Según los querellantes, la minera sueca era consciente de que la firma chilena no tenía ni los medios ni las instalaciones adecuadas para tratar los residuos de una forma segura. En su demanda, los abogados aseguran que el supuesto delito no ha prescrito en Suecia, ya que no fue hasta 1994 que se descubrieron los daños en la salud de los habitantes. El ingreso de esos materiales a inicios de la última década del siglo pasado fue denunciada por un grupo de parlamentarios de la Concertación.

El Gobierno anunció ayer que le pondrá suma urgencia a cinco proyectos que apuntan a mejorar la seguridad pública, la materia en que la actual administración obtiene peores evaluaciones según todos los sondeos. La idea del Ejecutivo es conseguir que estas iniciativas se aprueben antes que los parlamentarios se vayan al receso acordado en octubre, cuando destinarán gran parte de su tiempo a la última etapa de campaña.

Los proyectos que La Moneda acordó acelerar son aquella que aumentan la protección a Carabineros; la ley de resguardo del orden público que incrementa las penas para quienes cometan desórdenes con el rostro cubierto; aquel que facilita el control de identidad por parte de las policías para quienes participen en manifestaciones; una reforma al Código de Procedimiento Penal, que tiene por objeto reducir el supuesto "garantismo" actual; y el proyecto que endurece las sanciones por infracción a la ley de control de armas.

Este conjunto de iniciativas ha sido presentado por el Ejecutivo desde el tercer trimestre del 2011, cuando se acentuaron las protestas sociales. En todo este tiempo varias de ellas ya han contado con la suma urgencia, la que ha sido bajado luego por el rechazo de la oposición.

Este bloque ha considerado que algunos de los acápites de este proyecto intentan penalizar las manifestaciones y acusan que muchos de sus puntos son reiteraciones de materias que ya están consideradas en el Código Penal.

De hecho, en agosto el Senado aprobó en general el paso a la Cámara de la llamada "ley antiencapuchados", pero rechazó casi todo su articulado.

"No entendemos que se puedan perder (estos proyectos) porque haya parlamentarios de un grupo político que por ideología crea que esto no le conviene a los chilenos ni a nuestros carabineros. Hay que dar esta discusión, la vamos a dar y de cara al país", advirtió ayer la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, tras participar en la reunión del comité político de La Moneda.

"Que cada parlamentario vote si está a favor de seguir fomentando la delincuencia y seguir desprotegiendo a nuestros carabineros; o si está a favor de tener mejores y más medidas para proteger a nuestros vecinos de la delincuencia y para darles un merecido reconocimiento en el tremendo trabajo, labor y esfuerzo que hace Carabineros de Chile porque todos nosotros estemos tranquilos", agregó.

Ayer en una carta a El Mercurio un grupo de académicos de la Universidad de Chile y de la U. Alberto Hurtado señaló que la "reforma de la reforma Procesal Penal" "echa mano a herramientas ya conocidas en la dictadura" para reponer indicaciones como la detención y allanamiento por sospecha policial.

Las indicaciones fueron presentadas la semana pasada por el Gobierno, en vista del escaso avance que tenía el proyecto presentado a principios de año.

En ellas, además, se permite a las policías a revisar vestimentas, equipaje y vehículos de sospechosos de delitos; y el ingreso a sitios cerrados ante la posibilidad de que se estén destruyendo pruebas.

También busca que se faculte la detención por "delito fragante" a quien ha sido captado por medios audiovisuales cometiendo un ilícito; y obliga a los jueces a dejar en prisión preventiva a quien ha sido detenido reiteradamente por delitos menores, entre otros aspectos.

En el oficialismo aspiran a que estos proyectos vean la luz antes que termine el receso parlamentario previo a la elección del 17 de noviembre.

"Es la oportunidad que tienen la Concertación y el Partido Comunista de demostrar su verdadera voluntad o no de enfrentar estos temas", dijo el presidente de la UDI, Patricio Melero.

"En tiempos de campaña se promete de lo que se quiere hacer a futuro y ahora tienen la oportunidad de mostrar en el presente la verdadera decisión que hay de enfrentar a los encapuchados, de enfrentar a los delincuentes y de enfrentar los problemas de orden público", agregó el diputado.

consideraciones parlamentarias

Los plazos La suma urgencia significa que el proyecto debe ser conocido y despachado por cada cámara en 15 días.

Las comisiones Para la suma urgencia la comisión mixta tiene cinco días de revisión, mismo plazo que corre para cada cámara.

Desde cuándo Estos plazos corren desde que sesiona la instancia, donde se da cuenta del mensaje u oficio con la urgencia.

Tiempo de campaña Los parlamentarios acordaron que en tres semanas se tomarán un receso para abocarse a sus campañas.