¿Qué motivará a algunas personas a hacer llamadas falsas, molestosas o insultantes a las centrales telefónicas de todos los servicios de urgencia y de emergencia? Es algo que cuesta entender, si se considera que en ocasiones significa desplazar vehículos y personal, o dejar de atender otras comunicaciones que sí son necesarias, porque podrían significar salvar una vida. Tal vez se persigue ir contra el sistema establecido, alterar el normal funcionamiento de las empresas e instituciones, la evacuación de oficinas en los casos de alarmas de bomba, y tratar de poner en jaque a las autoridades y a la policía.

Se ha señalado que en diversas ciudades del país, al menos la mitad de las comunicaciones telefónicas que reciben los Samu, las centrales de Carabineros, de Bomberos, de servicios de rescate, entre otras instituciones, son falsas, "bromas" o pitanzas. Se comprenderá que sus autores quitan la posibilidad a las personas que de verdad tienen una emergencia, y que -en cambio- encuentran las líneas saturadas.

El Código Procesal Penal faculta al Ministerio Público y a las policías para acceder a la información del número de teléfono que realizó la llamada falsa. Incluso el artículo 222 los autoriza para intervenir y grabar las comunicaciones de una persona cuando hay fundadas sospechas de que cometió o participó en un delito sancionado con pena de crimen, es decir, más allá de cinco años de cárcel. Sin embargo, no resulta fácil perseguir las responsabilidades, si se considera el alto número de llamadas falsas.

Por otra parte, hace unas semanas el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, ha indicado que las empresas de alarma realizaron en el primer semestre de 2013 un total de 112.853 mil llamados de emergencia al 133 de Carabineros, de las cuales el 99% eran falsas, lo que amerita revisar los procedimientos de denuncias para, al menos, chequearlas previamente.

Quienes las cometen deben saber que generar alteración por cualquier camino no es una acción gratuita, sino que tiene un alto costo, por lo que sus responsables deberían enfrentar a la justicia.

Se notaba escasez de fletes marítimos para el salitre. Un vapor inglés que venía de Europa con carga para El Callao tuvo que transbordarla en Valparaíso para seguir a un puerto salitrero del norte.

Aún se desconocía dónde podría cargar el producto, lo que explicita la falta de fletes.

La ciudadana boliviana Benita López Farfán de 39 años, fue aprehendida por carabineros de la Tenencia de Ollagüe en momentos en que transitaba con mercaderías extranjeras, sin pagar impuestos.

La mujer llevaba varias radios y analgésicos, que fueron requisados por el Tribunal Aduanero.

El busto del Padre de la Patria, Bernardo O"Higgins regresó a la Plaza Colón después de estar guardado en una bodega municipal.

La figura había sido retirada con motivo de la remodelación de la plaza, pero una vez concluidos los trabajos no se repuso, sino hasta ayer, tras los reclamos de antofagastinos.