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Justicia argentina extiende cautelar a favor de LAN

polémica. La medida persistiría hasta que el Gobierno conteste la solicitud de un informe sobre el caso.
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La justicia argentina prorrogó ayer la medida precautelar dictada en contra del desalojo de LAN del hangar que ocupa en el aeropuerto de vuelos nacionales y regionales de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

La magistrada Liliana Heiland ordenó al Gobierno argentino que se abstenga de concretar la expulsión de LAN de las instalaciones del Aeroparque Jorge Newbery hasta que se defina la legalidad de la resolución del Organismo Nacional Regulador del Sistema de Aeropuertos (Orsna).

La resolución judicial ratifica la medida precautelar dictada por la jueza Claudia Rodríguez Vidal el pasado 28 de agosto, horas antes de que venciera el plazo de 10 días que el Orsna, dependiente de la Secretaría de Transporte de Argentina, dio a LAN para abandonar Aeroparque.

Según consignó EFE, desde el día en el que se dio a conocer la orden de desalojo, el Orsna defendió que LAN ya conocía desde noviembre la medida, que afecta también a otras compañías y tiene como objetivo reorganizar el espacio aeroportuario.

La aerolínea de capitales chilenos y argentinos asegura que con el desalojo de Aeroparque, LAN dejaría prácticamente de operar en Argentina, lo que supondría la pérdida de 3.000 puestos de trabajo.

El conflicto por la presencia de LAN en el aeropuerto de Buenos Aires, que comenzó hace dos semanas, provocó también un cruce de declaraciones entre los gobiernos argentino y chileno, cuyo último capítulo lo protagonizó la Presidenta Cristina Fernández a través de su cuenta en Twitter.

En la red social Fernández aludió el domingo a la participación accionaria que el Presidente Sebastián Piñera tuvo en LAN antes de ser elegido.

El Gobierno de Chile defendió a Piñera y señaló que la venta de esas acciones se realizó "de forma voluntaria".

El argumento del fallo judicial

Rodríguez Vidal argumentó que LAN Argentina no contó con el tiempo necesario para plantear su postura ante el regulador aeronáutico y le ordenó al Estado que en cinco días elabore un informe del caso, que según el fallo de Heiland, aún no fue presentado.