Castigan a los microbuseros
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El Ministerio de Transportes comenzó ayer a sancionar a las 105 líneas de buses que bloquearon las calles de Santiago el pasado 12 de agosto, en el marco de una protesta que terminó con los principales dirigentes del gremio enjuiciados por violar la Ley de Seguridad del Estado.
Paralelamente a la investigación que realiza el ministro sumariante Raúl Rocha, la secretaría de Estado inició un proceso administrativo en contra de las empresas que los días 12 y 13 de agosto dejaron de prestar el servicio de transporte de pasajeros al que están obligadas por contrato.
Tras analizar los descargos de 67 empresas -el resto no apeló-, el ministerio comenzó a despachar las notificaciones que oficializan las sanciones a los representantes legales de las líneas.
Todas son acusadas de interrumpir su servicio en forma no autorizada.
SANCIONES
En la práctica, el castigo incluye una censura por escrito, el cobro de boletas de garantía por 50 Unidades de Fomento (unos 820 mil pesos) por cada línea y un plazo de 10 días para reponer este último documento ante instituciones bancarias o compañías aseguradoras.
Hasta ayer el Gobierno había despachado cerca de 70 notificaciones, pues una comisión especial sigue trabajando en algunas apelaciones.
Las autoridades contrastan estos descargos con informes de Carabineros e inspectores del Ministerio de Transportes en las 48 zonas de bloqueo, fotos e imágenes captadas por cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito.
La mayoría de las líneas argumentó no haber podido sacar sus vehículos a la calle por culpa del bloqueo u órdenes directas de Carabineros.
Entre las 105 líneas investigadas figuran siete de la empresa Transportes Ovalle Negrete, del dirigente Demetrio Marinakis, y otras siete de la Sociedad de Transportes San Cristóbal-La Granja, de Manuel Navarrete.
DIRIGENTES
Ambos, junto a Marcel Antoine, Armando Huerta y Orlando Panza, están en libertad bajo fianza y sometidos a proceso por infracción a la Ley de Seguridad del Estado a la espera de que el ministro Raúl Rocha emita un fallo.
Navarrete y Marinakis participan desde el jueves último en una asamblea de la Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros (AGMTP) en Viña del Mar.
Allí limaron las diferencias que los habían separado en la última semana y llegaron a un acuerdo para seguir trabajando en el directorio del organismo hasta las próximas elecciones internas, que se realizarán en abril de 2003.
En este punto destaca el rechazo generalizado expresado por la ciudadanía en contra de los empresarios microbuseros, lo que significó una fuerte victoria del gobierno.
