El Parlamento de Guatemala ordenó hoy al Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocar a los guatemaltecos a un referendo para decidir si se presenta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la centenaria disputa territorial que mantiene el país con Belice.

A petición del Ministerio de Relaciones Exteriores, por unanimidad, los legisladores aprobaron un acuerdo legislativo en el que ordenan celebrar un referendo popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre la disputa que Guatemala mantiene sobre más de la mitad del territorio beliceño.

El diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, dijo a periodistas que con esa decisión se cumple con lo que establece la Constitución guatemalteca, en el sentido de que los ciudadanos deben pronunciarse al respecto.

"El pueblo decidirá si quiere que la Corte Internacional de Justicia resuelva el diferendo, aunque nosotros tenemos la razón porque esto fue provocado por una usurpación de nuestro territorio", señaló el legislador.

El acuerdo ordena al TSE que en el referendo, sobre el cual no establece fecha para su realización, debe preguntar a los guatemaltecos sobre si están de acuerdo o no con que el diferendo territorial sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

La Cancillería guatemalteca deberá coordinar con el Gobierno de Belice para que ese país también realice un referendo similar en el que sus ciudadanos se pronuncien sobre el mismo asunto.

De ser favorables ambos referendos, la Corte Internacional de Justicia conocerá las posiciones de ambos países y emitirá una resolución definitiva, por lo que ambos países deberán acatarla.

Los gobiernos de Guatemala y Belice acordaron en diciembre de 2008 acudir a la CIJ ante la incapacidad para ponerse de acuerdo sobre el conflicto en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Guatemala reclama más de 12.000 kilómetros cuadrados de territorio beliceño, que representan más de la mitad de la superficie de la ex colonia británica.

España concedió esa área a Reino Unido para la explotación de madera en el siglo XVII.