Chile tiene cita con su propia historia
"No se debería mirar hacia otro lado como si no pasara gran cosa, se debería más bien prestar atención a lo que se está denunciando".
Contra viento y marea, después de 30 años de apatía, el pueblo chileno se despertó. Para mucha gente esto es un shock, muchos segmentos de la sociedad parecían haber aceptado, hasta ahora, las reglas del ultraliberalismo económico sin escándalo rupturista, respetando las leyes de una democracia representativa de "notarios".
La apatía del pueblo chileno tenía una explicación: una especie de pacto silente para evitar reabrir las heridas de una dictadura militar que reinó en Chile de 1973 a 1989. Pero, con el paso del tiempo, el costo de esa "transición pactada" se estaba volviendo cada vez más exhorbitante para la sociedad chilena: una educación pública hecha pedazos, un sistema de salud de calidad inaccesible para la gran mayoría, pensiones de jubilación miserables y, la gota que hizo rebalsar el vaso, un transporte en común cada vez más caro y no en concordancia con el servicio prestado.
Casi dos millones de personas en las calles: ¿esto es solo para reclamar la disminución del precio del pasaje de Metro en Santiago?...Por supuesto que no: este movimiento social exige que todo el legado de la dictadura no resuelto satisfactoriamente, se discuta por fin en términos (micro) económicos, políticos e incluso jurídicos. Chile tiene cita con su propia historia.
¿Qué nos están (re) enseñando estas chilenas y chilenos? Simplemente que las estructuras, ya sean económicas, militares o legales, deben hacerse para los individuos y no en contra de ellos. Es por eso que una de las principales demandas de los manifestantes es la de adoptar una nueva Constitución. No unas enmiendas a la actual Carta Magna.
La actual Constitución chilena fue instaurada por Augusto Pinochet en 1980. Aunque ya ha sido purgada de sus principales enclaves autoritarios en 1989 y 2005, sigue marcada por este origen dictatorial. Por un lado, dispone poderes de excepciones, que se han visto aplicados en estos últimos días, que otorgan al ejército un poder discrecional excesivo a la luz de los estándares democráticos (áreas colocadas directamente bajo el control del ejército, toque de queda, limitaciones de la libertad de tránsito). Por otro lado, esta Constitución sienta las bases para una economía neoliberal, brindando una mayor protección a los derechos económicos y, por lo tanto, impidiendo constitucionalmente la implementación de cualquier reforma económica significativa. Al no cambiar la Constitución después de la dictadura, Chile pensó que podría hacer una transición sin problemas.
En Chile, no hay más remedio que adoptar una nueva Constitución. Enfocándose en los problemas estructurales del país y no en medidas paulatinas y diversas, las mujeres y hombres chilenos muestran que esto no es solo una rebelión de mal humor o un descontento transitorio que será apaciguado por el simple retiro del aumento de precio de un pasaje de metro. La ley (y en particular el derecho constitucional), la economía, la policía y las Fuerzas Armadas deben servir a la sociedad y no al revés. Al prisma de estas legítimas demandas, la represión iniciada por el Presidente Sebastián Piñera parece aún más desproporcionada: el estado de emergencia no puede hacer nada en contra de lo planteado anteriormente. El pueblo chileno, y especialmente su juventud, gruñen. No se debería mirar hacia otro lado como si no pasara gran cosa, se debería más bien prestar atención a lo que se está denunciando.
Este artículo fue publicado en "Le Monde", de Francia
Carolina Cerda Guzmán
Profesora de Derecho Público en la Universidad Paul Valéry Montpellier