18 funcionarios públicos ganaron sus demandas y fueron reincorporados
GOBIERNO. Según Anef 195 profesionales fueron desvinculados el 2018. 52 esperan resolución judicial.
El periodista Carlos Rivera, trabaja desde el 2015 en el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) y en junio del año pasado se le notificó que por una reestructuración del área de comunicaciones y dado que su perfil no se ajustaba, sería desvinculado.
Rivera, quien ya había trabajado en este servicio entre 2006 y 2012, asegura haber leído bastante sobre instructivos de Contraloría y dado que sumaba más de tres años en el SSA, contaba con "legítima confianza", por lo que decidió presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, el cual fue acogido ordenándose su reincorporación y que se le pagaran los meses que estuvo fuera del SSA.
Esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema. Y en enero pasado se reincorporó a sus labores.
"Yo llevaba muchos años trabajando en el Servicio de Salud. Uno independiente del gobierno de turno termina comprometiéndose con el servicio", señaló el periodista.
Reincorporaciones
El caso de Rivera se suma a otros 17 funcionarios que han debido ser reincorporados a sus respectivos servicios por despido injustificado.
Así lo indicó la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), desde donde informaron que el 2018 fueron despedidos un total de 195 funcionarios a contrata, honorarios y de proyectos de la región.
De estos, 70 judicializaron sus casos por lo que 52 están a la espera de las resoluciones.
Mientras que otros 35 profesionales del total de funcionarios despedidos retornaron a sus puestos de trabajo tras mediaciones entre la Anef y los ministros y subsecretarios de las distintas carteras.
En tanto, del total de los desvinculados, 50 desistieron tomar acciones legales.
El presidente regional de la Anef, Freddy González, destacó que de las 70 demandas de trabajadores desvinculados, no han perdido ninguna.
"Ha sido lento, pero nosotros también somos respetuosos de los tiempos del Poder Judicial. Yo creo que la gran ganancia para los trabajadores es que se ha reivindicado que los funcionarios públicos tienen derechos y éstos se deben respetar", declaró.
González agregó que estos fallos son trascendentales y marcan un precedente y también jurisprudencia.
El presidente de la Anef también se refirió a las críticas surgidas el año pasado por la serie de desvinculaciones que hubo, las que muchos asociaban a temas más bien políticos.
"El gobierno despidió a gente sin ningún motivo, solamente por pensar distinto y eso para nosotros es gravísimo. Porque los funcionarios son de carrera, y que los tribunales sí reivindiquen a los compañeros, nosotros somos felices", agregó.
El abogado Jaime Araya, ha representado a siete funcionarios desvinculados el año pasado, uno de ellos, el periodista Carlos Rivera.
Araya se mostró conforme, pues según indicó la mayoría de éstas han sido acogidas, lo que permite ir avanzando en la estabilidad laboral de los funcionarios públicos.
"Lo que ha ido quedando relativamente asentado es que los funcionarios públicos tienen que gozar de estabilidad en el empleo. No pueden quedar sujetos a los cambios de gobierno las funciones que ellos cumplen. Y esto, ha quedado ratificado por distintos fallos, tanto de los juzgados del Trabajo como de la Corte de Apelaciones", declaró.
El exconcejal destacó la importancia de que las resoluciones que dicte la autoridad para ordenar la no renovación de las contratas o de no continuar con las contrataciones a honorarios, obedezcan a actos administrativos bien fundados para evitar una ilegalidad.
El intendente Marco Antonio Díaz (RN), informó que desde Intendencia fueron cinco los casos en los cuales los funcionarios presentaron recursos de protección.
De estos, tres fueron fallados a favor del gobierno, uno se desistió porque fue reincorporado a sus labores y el quinto se acogió y está pendiente el recurso en la Corte Suprema.
Respecto a estas acciones legales, Díaz señaló que si el trabajador juzga necesario plantear una demanda para que un tribunal determine la legalidad o no de su despido, está en su derecho.
"Se deben contribuir con todos los antecedentes necesarios para que la discusión en tribunales se esclarezca. Y si el tribunal estima que el despido no reunió las características necesarias, que se debe reincorporar o cualquier otra medida. El servicio público debe dar estricto cumplimiento a esa medida", indicó.
Sobre si hubo errores en algunos despidos, dijo que los tribunales pueden conocer los antecedentes y estimar que no son suficientes las razones esgrimidas para proceder a una desvinculación.
"Creo que la gran ganancia para los trabajadores es que se ha reivindicado que los funcionarios públicos tienen derechos y se deben respetar".
Freddy González, presidente regional Anef"