"La diversidad en Chile Vamos tiene límites y tiene un marco".
Hernán Larraín Matte — Presidente de Evópoli niega que el "pinochetismo" sea parte de Alianza
"(Revolución Democrática) no ha estado a la altura de lo que le prometimos al país".
Javiera Parada
Candidata a presidencia del partido
Por estos días se cumplen 40 años del conflicto del Beagle, más bien del momento más álgido en las relaciones entre Chile y Argentina, un período que estuvo a punto de terminar en un choque armado.
El conflicto se centró en la disputa por la soberanía de las islas Picton, Nueva, Lennox, Gratil, Augustus, Snipe, Becasses, Gable y otros islotes ubicados en el polígono definido en el Compromiso de Arbitraje que ambos países firmaron en 1971. Se acordó someter la resolución de la disputa a la decisión de una corte arbitral que debía dar a conocer su fallo al gobierno del Reino Unido, que era el árbitro formal.
El laudo arbitral pronunciado en 1977 otorgó aguas navegables en el canal Beagle a ambos países y la mayor parte de las islas y de los derechos oceánicos generados por ellas a Chile. El gobierno militar argentino rechazó el fallo declarándolo "insanablemente nulo". Luego reactivó sus reclamaciones hasta el cabo de Hornos.
El conflicto llegó a su punto culminante el 22 de diciembre de 1978 cuando la Junta de Gobierno de las Fuerzas Armadas de Argentina ordenaron ocupar las islas en disputa, retractándose pocas horas después.
En ese lapso y con ese contexto, fueron movilizadas miles de tropas, la gran mayoría voluntarios, a lo largo de la frontera, con Argentina, Bolivia y Perú. Lo interesante es el sigilo con que fue desarrollado todo este proceso: sin aspavientos, o generando animadversión innecesaria hacia países que son hermanos. Pero, al mismo tiempo, se mantuvo una posición firme, sin que esto significara abandonar la opción de buscar la paz.
Pero es necesario detenerse, en especial, en los voluntarios del conflicto. Se podrá decir que Chile vivía bajo un gobierno militar, que los llamados eran obligatorios, juicios ciertos, pero también es efectivo que no hubo renuncias ni abandonos en los meses más críticos y a pesar de todas las dificultades.
Ello da cuenta, al menos, de la fuerte concepción nacional que tiene el país, del espíritu de cuerpo que le ha caracterizado en 200 años de vida republicana.
Son muchas las lecciones que pueden sacarse de esta historia, en general bastante desconocida y que tiene un indeterminado número de mártires nacionales.
Lo ocurrido en los últimos días con Carabineros y la muerte del comunero Camilo Catrillanca, viene en revelar una serie de falencias institucionales, que sin duda no solo han dañado la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino que también han dañado a la democracia en su conjunto, por todos los errores que ha cometido el Gobierno de Sebastián Piñera en el manejo de la situación.
Deberíamos recordar el día que el Presidente Piñera nombra a Hermes Soto como general director, anuncia que la autoridad que estaba nombrando era el liderazgo que requería la Institución para superar la crisis, sin asumir que el problema era mucho más profundo, y que no se solucionaría con anuncios carentes de contenido que no atacaran el fondo: la falta de control institucional.
El homicidio de Catrillanca, primero la forma en que trato de ser presentado, una suerte de enfrentamiento, y lo que vino con posterioridad, el ocultamiento de pruebas, que iban desde que no existían grabaciones de los hechos, luego que existían, pero se destruyó la tarjeta de memoria, para finalmente terminar siendo conocidas una serie de grabaciones y que quienes participaron en los hechos ocultaron.
Ello devela a mi juicio dos grandes problemas: el primero que tiene que ver con los estándares con los cuales se están formando los policías, ya que hay que recordar que ellos son ministros de fe de sus actuaciones, y son, en la generalidad de los casos, quienes levantan y recolectan las pruebas que se utilizan en las investigaciones criminales.
Un segundo problema tiene que ver con el mando de la institución, ya que según nuestro ordenamiento jurídico Carabineros depende del Ministerio del Interior, y durante todo este episodio el ministro Andrés Chadwick ha tenido dos escenarios probables: conocía desde un primer minuto lo que ocurrió con el homicidio de Catrillanca; o bien Carabineros le mintió y no le entregó la información, y como todos los chilenos se fue enterando por la prensa; ambas situaciones son igual de graves y lo dejan muy debilitado, porque él ocultó los datos o bien no tiene control sobre la institución.
Y el acto final de toda esta trama, que deja a la derecha en su propia trampa, es la salida del general Soto: un general de confianza del Presidente, que se niega a renunciar, lo que obliga al Mandatario a recurrir al mecanismo que la derecha, especialmente la UDI, defendieron con ahínco en las reformas constitucionales del 2005 como una forma de limitar el poder civil sobre las FF.AA. y de Orden y Seguridad: quitar la prerrogativa del Presidente de remover a los comandantes en Jefe de las FF.AA. y de Orden y Seguridad sin expresión de causa o por haber perdido la confianza presidencial, por lo que crearon este mecanismo del decreto fundado, que solo buscaba trabar el legitimo ejercicio del poder por parte del Presidente de la República.
Pedro Araya Guerrero
Senador de la República
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