Los sorpresivos y fuertes incrementos de los combustibles están haciendo pasar un muy mal rato a los automovilistas, pero especialmente a los gremios del transporte del país. Hace rato que no se registraba un rally alcista como el de los últimos meses.

Sabido es que estos commodities tienen una carga impositiva enorme. En la actualidad, el diesel paga un impuesto de 1,5 UTM por metro cúbico, es decir, cerca de $72 mil; mientras que las gasolinas cancelan 6 UTM por metro cúbico, unos $280 mil.

El asunto es absolutamente relevante, en especial para todo el transporte de bienes al interior del país. Se estima que el 90% de los productos que se comercializan a nivel nacional son distribuidos de forma terrestre, de modo que el impacto sobre ese sector es evidente y a continuación sobre todas las restantes actividades que lo usan. Es una cadena.

La cuestión de fondo es que alrededor de la mitad del precio de las gasolinas corresponde a impuestos, donde una fuerte incidencia la tiene el tributo específico, que nació en 1985, con carácter temporal, cuando el gobierno de la época requería recursos para que el Estado renovar a las carreteras y los puentes que fueron destruidos por el terremoto que afectó a la zona central ese año. Como suele suceder en el tema tributario, esos impuestos quedan después como definitivos.

Las coaliciones políticas que han aspirado al gobierno suelen reclamar contra esa carga, recalcando que el vehículo dejó de ser un lujo y se transformó en una necesidad. Sin embargo, al llegar al gobierno olvidan sus promesas y una vez en el poder se resisten a renunciar a la recaudación tributaria, porque es rentable disponer de la clase media, que no se organiza ni sale a protestar.

Los paliativos que se han adoptado como mecanismos de estabilización de precios, han resultado insuficientes, porque no resuelven el problema de fondo, que es la fuerte carga de impuestos específicos.

Ya parece tiempo de que el asunto sea resuelto de alguna forma, porque se trata de un asunto crítico para un país que no produce petróleo, pero que lo requiere para todas las actividades productivas.

100 años | 23 de octubre de 1918

Alemania pide retiro de sus submarinos

Se anuncia desde Copenhague que el gobierno alemán ordena a todos los submarinos germanos que se encuentran en campaña que regresen a sus bases.

También se informa que Alemania negocia con los bolcheviques para obtener compensaciones a cambio de la evacuación de Ucrania.

50 años | 23 de octubre de 1968

Decisivo paso de EE.UU. en su camino a la Luna

Estados Unidos entró en la recta final en su camino a la Luna después de que tres astronautas completaran exitosamente un inédito vuelo de once días en la cabina lunar Apolo 7.

Con esto recorrieron el equivalente a 7 millones de kilómetros alrededor de la Tierra, para entonces caer al mar en la zona de las Bermudas.

10 años | 23 de octubre de 2008

Palin dice que Hugo Chávez es un dictador

La candidata republicana a la vicepresidencia de EE.UU., Sarah Palin, volvió a protagonizar un tropiezo en política exterior después de que, hace algo más de un mes, mencionara la posibilidad de "ir a la guerra" si Rusia volvía a invadir Georgia. El objeto de sus declaraciones ha sido esta vez el presidente venezolano, Hugo Chávez.

El Estado tiene una deuda con los inocentes cuando termina el proceso penal. El estatuto jurídico que los regula es insuficiente, el resarcimiento patrimonial y moral es limitado, y la posibilidad de recuperar el estado previo a la investigación es compleja, sino imposible. Tal pareciera que existe sobre nosotros un deber de tolerar cierto margen de error o injusticia por parte del Estado en la persecución del delito, y de tolerar su despreocupación una vez terminado el proceso penal.

Diversas dificultades enfrenta el inocente a partir del término del proceso, desde cuestiones administrativas, como la recuperación de la documentación personal y de las especies incautadas durante la investigación, hasta limitaciones normativas para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación del Poder Judicial, del Ministerio Público, de Gendarmería, de Carabineros o de la PDI, en razón de los efectos de la investigación, la detención o la privación de libertad en el ámbito personal, familiar, social o laboral. La pretensión de omitir o restringir la información que circula en internet referida a la imputación penal no tiene fácil solución normativa, al no estar regulado el "derecho al olvido". Finalmente, no existen, salvo el Proyecto Inocentes, instancias de resarcimiento moral, ni tampoco instituciones que se ocupen de orientar o asistir al inocente.

Enfrenta también una normativa que escatima utilizar la palabra "inocente" para definir su situación, no obstante que se trata de una persona que fue investigada por la justicia, siendo expuesta incluso a los medios de comunicación, pero no fue condenada. En tales casos estamos frente a un inocente, sea porque probó que no cometió el delito o porque el ente persecutor no acreditó su culpabilidad, ya que la vigencia del principio de presunción de inocencia no admite distinciones de este tipo.

A toda absolución subyace una injusticia para quien soportó el proceso, pero especialmente graves son aquellas en las que el inocente fue errónea o injustificadamente perseguido y, además, estuvo privado de libertad. En estos casos el proceso penal impacta radicalmente su vida: la de quienes jamás cometieron un delito y respecto de quienes nunca existieron en realidad antecedentes fundados para dirigir la investigación y, mucho menos, privarlos de su libertad.

Un importante desafío representa el resarcimiento a los inocentes una vez acabado el proceso. El Proyecto Inocentes, impulsado por la Defensoría Penal Pública, es una invitación a debatir acerca de la insuficiencia normativa en esta materia.

Luciano Cisternas

Asesor jurídico regional Defensoría Penal Pública