Dániza Urrutia Sepúlveda
En lo que va de este año el Departamento de Extranjería y Policía Internacional (Polint) ha concretado 55 expulsiones en la Segunda Región, 47 de ellas judiciales y 8 expulsiones de tipo administrativas.
En este cifra están considerados los tres ciudadanos bolivianos que en las últimas horas fueron expulsados del territorio nacional, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Extranjería y decretado por el Ministerio del Interior.
Los sujetos se encontraban cumpliendo condenas por el delito de tráfico de drogas en la región, por lo que fueron expulsados judicialmente a su país de origen, siendo llevados por personal institucional hasta el Paso Fronterizo Colchane.
El jefe de Polint, subprefecto Daniel Morada explicó que lo anterior está contenido en la Ley 18.216, artículo 34 (modificada por la ley 20.603) que señala al respecto que si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no reside legalmente en el país, el juez de oficio a petición de parte, podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la expulsión del territorio nacional no pudiendo regresar en un plazo de 10 años contado desde esa fecha.
Durante el año a nivel país se han realizado expulsiones masivas de ciudadanos bolivianos, peruanos y colombianos, condenados por distintos delitos en Chile y que contaban con una orden de expulsión judicial.
En el caso de los primeros se han materializado los traslados por vía terrestre, mientras que para Colombia hubo una expulsión que consideró la intervención de un avión de la Fuerza Aérea de Chile.
El Gobierno fijó como proyección del plan de política migratoria el expulsar a 2.000 extranjeros infractores de ley.
A nivel local, 91 personas de nacionalidades tan diversas como argentina, colombiana, boliviana, ecuatoriana y peruana, que cumplen condenas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Concesionado (CCPC) y Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Antofagasta, podrían acceder a la sustitución del cumplimiento de la pena por la de expulsión del territorio nacional, siempre y cuando las sanciones que les afectan no superen los cinco años.
En dichos recintos penitenciarios hay un condenado de nacionalidad argentina, 30 bolivianos, un brasileño, 48 colombianos, 4 ecuatorianos y 7 peruanos.
Por lo general, siempre van dos oficiales policiales o funcionarios de la PDI por cada detenido, más personal de apoyo. Hasta el momento no ha habido ningún intento de fuga, ya que todos los procesos se hacen con previa coordinación con los consulados, con las policías y con las migraciones de cada país.
Además se aplica un protocolo para que en un momento determinado, si hay personas con cuentas pendientes o antecedentes en su país, los organismos sepan y puedan recibirlos y darle curso a todas las causas judiciales.
expulsiones en este año correspondieron a causas judiciales y 8 fueron del tipo administrativas. 47
