El Puerto de Antofagasta, la contaminación y la cooperación pública-privada
En la regulación jurídica de la infraestructura nacional, aquella parte del Derecho económico que se hace cargo de las normas que regulan el deber del Estado de garantizar servicios públicos básicos para el adecuado funcionamiento del proceso productivo, tales como; servicios sanitarios, energía, telecomunicaciones, logística (puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas y trenes), se parte de la base que estamos ante un área, que por su propia naturaleza, requiere de economías de escala y gran inversión en bienes de capital.
Por lo mismo, todo Gobierno, al encarar el asunto, se enfrentará a la decisión política-económica de; o proveerlo como Estado, financiándolo con cargo a impuestos, o entregarlo a los privados, es decir, a una empresa autofinanciada que actúe bajo la regulación de la Autoridad.
Cuando se opta por la segunda vía, el gran desafío es la de fijar balanceadamente el valor optimo del servicio, que tome en cuenta beneficios para la empresa concesionaria, el Estado, los destinatarios del servicio y las comunidades locales afectadas por sus externalidades, como asimismo controlar la calidad de la prestación, incentivar la inversión, todo con la debida fiscalización para mantener los estándares deseados.
En efecto, la cooperación pública-privada está en la raíz del sistema chileno de regulación de la infraestructura. Tal sistema, involucra definición de sujetos responsables, de grados de responsabilidad y de formas de cumplimiento específico: a) el Poder ejecutivo, a través de un Ministerio sectorial, cuya responsabilidad es garantizar el acceso al servicio público y su forma especial de cumplimiento es la planificación, b) el privado que se adjudica la concesión, cuya responsabilidad es la prestación del servicio y su forma especial de cumplimiento es la inversión y administración de éste, y c) las agencias estatales regulatorias cuya responsabilidad es el control-sanción y su forma especial de cumplimiento la verificación del acatamiento técnico-normativo.
En la pugna por el Puerto de Antofagasta y en general de la contaminación de nuestras localidades, el problema base ha sido el de balancear los beneficios para la comunidad afectada por las externalidades, lo que no se soluciona sólo a punta de multas (que van a parar al Estado central), clausuras (que precarizan la economía local), o mera beneficencia pública (que se confunde en donar por contaminar), sino que con medidas paliativas o de solución efectivas contra las referidas externalidades. Dichas medidas deben ser financiadas en la misma lógica de cooperación pública-privada del sistema, y por la naturaleza regional del asunto, deben ser gestionadas a nivel local, para que las "autoridades locales" puedan efectivamente cooperar directamente con los "privados locales" y los "grupos intermedios locales", para contener, y si es posible, eliminar las externalidades del proceso productivo minero, que a su vez es generador de gran parte de la riqueza que va a parar al erario nacional.
Por lo anterior, esta discusión, antes que ser una fuente de réditos para carreras políticas cimentada en la creación de enemigos, debe transformarse en una oportunidad para que representantes de la soberanía local (parlamentarios, cores, alcaldes, concejales) unidas a la sociedad civil, exijan autonomía financiera para hacerse cargo del problema, para que pujen por un "Fondo especial de descontaminación, investigación y atención contra enfermedades provocadas por ésta", con cargo al actual royalty minero, que beneficie directamente a las regiones mineras, que sea administrado por un órgano público-privado materialmente descentralizado con sede en la Región, que contemple que parte sustancial de lo recaudado en la actividad productiva de la región se quedará acá y se invertirá efectivamente para frenar la contaminación y tratar a las personas y hábitats afectadas por ésta.
No hacerse cargo de esta urgente necesidad de política pública implicará mantener los índices de contaminación, el cáncer y las muertes, provocadas por éste, que como sabemos, no distingue, afecta a ricos y poderosos, como al más humilde de los habitantes de nuestra Región.
Prof. Derecho económico Universidad de Antofagasta
Luis Varela Ventura