Fiscalía: malversación en Cementerio General llegaría a los $317 millones
TRIBUNALES. Ayer se realizó la formalización de tres de los cuatro imputados en el caso. Dos quedaron con firma mensual, mientras que el exadministrador tendrá arresto domiciliario nocturno.
Los peritajes contables del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) determinaron que la malversación de caudales públicos que investiga la Fiscalía en el Cementerio General llega a los $317 millones.
Así lo consignó ayer durante la audiencia de formalización de la causa el fiscal jefe de Antofagasta y persecutor de delitos de alta complejidad, Cristian Aguilar Aranela.
La causa -en la que actúan como querellantes el municipio y el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- busca determinar responsabilidades por una serie de recursos generados en el camposanto, los que sin embargo, nunca ingresaron a las arcas municipales.
En el procedimiento desarrollado la mañana de ayer en la sala 3 del Juzgado de Garantía se presentaron tres de los cuatro denunciados. A petición de la defensa, la jueza Gabriela Marín prohibió publicar los nombres y fotografías de los imputados.
De esta forma, el fiscal Aguilar formalizó la investigación contra C.J.N.C. y M.A.R.G., además de Misael Cortés Olivares, quien ad portas a la audiencia concedió una entrevista a este Diario explicando su versión de los hechos. Por su parte, el arquitecto R.P.S.R. será formalizado el 20 de noviembre, ya que no fue ubicado para que se presentara en el tribunal.
El persecutor abrió su exposición asegurando que los imputados son investigados como autores del delito consumado de malversación de caudales públicos.
Según la narración de Aguilar, tras la denuncia de un concejal (Luis Aguilera) a la Dirección de Control del municipio, se indagó el pago de la recaudación efectuada en 2015 por la Sociedad Helénica, la que adquirió un terreno en el cementerio.
Estos recursos, por la suma de $3 millones, "no fueron ingresados a las arcas municipales. Aprovechando su cargo y función, los recibió y sustrajo el administrador del camposanto", detalló el fiscal.
Este hecho dio inicio a una auditoría de la Contraloría al cementerio, la que involucró la revisión de 428 carpetas con operaciones realizadas entre los años 2015 y 2017.
Pesquisas
Las pesquisas de los fiscalizadores de Contraloría precisaron que existían 177 comprobantes de recaudación por los conceptos de venta de derechos de terreno y construcción de los mismos.
Estosdocumentos equivalen a $269.038.241, "que no fueron informados a las cajas de recaudación, ni incorporados a los registros contables", manifestó Aguilar.
Y añadió que "los dineros antes señalados fueron sustraidos de forma ilegítima y también defraudados por el administrador del cementerio, quien para estos fines ilícitos actuó personal e individualmente y en otras oportunidades concertado y con la colaboración de los restantes imputados".
Para el persecutor jefe de Antofagasta, el exadministrador del camposanto, aprovechando su cargo y previamente concertado -en algunas oportunidades- con los otros imputados, ofrecía la venta de terrenos del cementerio en ocasiones a montos inferiores al 50% de su valor.
Luego del pago en efectivo, a los compradores extendía los comprobantes de recaudación, que no ingresaban a las carpetas auditadas por Contraloría, "apropiándose ilegítimamente de los dineros que constituyen fondos públicos de carácter municipal", manifestó el fiscal.
Estos recursos, continuó, se repartían por mitades en varias oportunidades, según correspondiera el caso.
De los $269 millones iniciales que detectó la Contraloría, la cifra malversada llegó a los $317 millones tras los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI. Los peritos determinaron que en total son 192 comprobantes de recaudación, con los que sustrajeron dineros de las formas descritas en la exposición del persecutor.
Cautelares
Estos talonarios de comprobantes fueron adquiridos de forma ilícita por el exadministrador, ya que correspondían a los saldos del ejercicio anual y que debían destruirse, algo que en la práctica no ocurría.
Al concluir su narración, el Ministerio Público explicó que efectuaría dos peticiones de medidas cautelares, una para el exadministrador y otra para el resto de los imputados.
Para el primero de ellos, el fiscal solicitó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual en la PDI. En cuanto a los otros dos denunciados, Aguilar pidió las cautelares de firma semanal en la PDI y arraigo nacional.
El defensor penal privado Juan Silva acordó con el Ministerio Público que las cautelares de C.J.N.C. y M.A.R.G. quedaran en firma quincenal y arraigo nacional.
Sin embargo, la defensora penal pública, Claudia Chaparro, sostuvo que las medidas solicitadas contra el exadministrador son desproporcionadas en una etapa de formalización.
Tras un largo debate en el que Aguilar apuntó a la gravedad del delito y su eventual sanción penal, al tratarse de un funcionario público que malversó caudales municipales, el tribunal resolvió acoger la solicitud de las cautelares de arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y firma mensual, las que deberá cumplir en su actual domicilio en Coquimbo.
El plazo de investigación quedó fijado en 120 días debido a que aún quedan diligencias pendientes, como la toma de declaración a otros involucrados.
Declaración pública del municipio
La tarde de ayer a través de un comunicado de prensa, la Municipalidad de Antofagasta realizó una declaración pública sobre este caso. En ella detalló las acciones seguidas tras la denuncia en Contraloría y el mejoramiento de los sistemas de control con una auditoría desde el año 2011 al 2014. "De lo señalado en el numeral anterior, se desprende que estas conductas inadecuadas y malas prácticas se generaron a partir de la administración municipal de la exalcaldesa Marcela Hernando Pérez, conforme a los antecedentes que serán oportunamente aportados a la fiscalía del Ministerio Público", precisó la declaración municipal. Al ser consultada, la actual diputada Marcela Hernando, declaró que "en mi periodo nunca se vendió terrenos a funerarias para que construyeran y vendieran los nichos, siempre licitamos las obras y nunca recibí denuncias excepto de la existencia de dos libros de registro de los lugares y números de tumbas con lo que hubo varios problemas y se hicieron los sumarios correspondientes. Por lo demás los concejales Jaime Araya y Andrea Merino hicieron frecuentes fiscalizaciones al cementerio en la época". Cabe destacar que tanto el exadministrador y el arquitecto imputados, se incorporaron a trabajar en el Cementerio General durante la administración de la alcaldesa Karen Rojo.
2015 año en que la Sociedad Helénica pagó con dos cheques por $3 millones la compra de un terreno en el cementerio. Este dinero fue cobrado por el exadministrador del camposanto en su cuenta.
$269 millones fue el monto inicial que detectó la Contraloría que no registraba ingreso en las arcas municipales. La cifra sin embargo aumentó tras los peritajes de la PDI.
3 o 4 involucrados más existirían en este caso según el exadministrador del cementerio, quien aseguró que entregó esta información a la PDI y el Ministerio Público.