Felipe Contreras Reyes
Múltiples y serios problemas generó el cierre del jardín Los Laurelitos, entidad ubicada en avenida Pedro Aguirre Cerda, y que acogía a 109 niños mayoritariamente en situación vulnerable, como consecuencia de problemas con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).
La medida provocó que los menores fueran trasladados a otros establecimientos desconocidos y alejados para sus familias.
La polémica inició cuando la sostenedora, Patricia González, presentó un recurso de protección contra la dirección regional de la entidad. Esto por cobros superiores a $18 millones que por convenio corresponderían la institución educativa.
La disputa generó problemas económicos en la corporación, que derivaron en complicaciones con las trabajadoras, quienes hace dos semanas presentaron una carta de autodespido y denuncian irregularidades en sus pagos.
Familias
Una de las apoderadas del jardín, Jessenia Robles, contó que su hijo de 2 años asistía a Los Laurelitos desde los ocho meses. Sin embargo, éste fue reubicado en una institución lejos de su casa y empleo, lo cual significa estrés tanto para ella como para el niño.
"Me complicó empezar todo de cero con él y todas las madres de sus compañeros. Es gente que no conoce y no le tocó estar con ninguno de sus amigos del curso", comenta.
Jessenia además casi perdió su trabajo, pues no pudo abandonar su hogar durante casi dos semanas porque no tenía con quien dejar al menor. "En mi trabajo me dijeron que me esperaban dos días más o me iban a despedir", agrega.
DESEMPLEO
Una situación similar vivió Evelyn Cabrera, cuyo hijo comenzó a asistir en marzo a la institución. Su familia había llegado recientemente a la ciudad desde Quillón.
"Mi hijo estuvo en proceso (de relocalización) pero tuve que rechazarlo porque no me servía. Tengo otra bebé que debo llevar a otro colegio y no alcanzaba a hacerlo. La persona de Junji me dijo que estaría en lista de espera en otro colegio", contó.
Para colmo, Cabrera se encuentra actualmente sin trabajo y sólo dedicada a cuidar de su hija.
La situación también provocó incomodidades a las funcionarias de Los Laurelitos más allá de lo económico, pues algunas tenían inscritos a sus propios menores en la misma entidad.
"Es un cambio rotundo para ambos, él estaba acostumbrado a estar en el mismo jardín que yo y le costó mucho la adaptación. No tengo red de apoyo tampoco para poder desempeñarme en otro trabajo y a él mandarlo al jardín", comenta una funcionaria que pidió no ser identificada.
Cabe recordar que las empleadas denunciaron a través de una carta que desde 2016 existe un bono de homologación, el cual figura pagado en las liquidaciones entregadas a Junji. No obstante, en la práctica las mujeres no habrían recibido los dineros.
"Solicitamos a Junji en el portal de transparencia copias de todas nuestras liquidaciones y además nos dirigimos hacer la denuncia correspondiente a Fiscalía por falsificación de firmas y robos de dinero", indica el documento.
Las mujeres también acusan atrasos en su cotizaciones, las cuales no habrían sido canceladas hace tres meses y el resto con montos inferiores.
Defensa
El abogado de la sostenedora, Carlos Cabezas, asegura que hay constancia en el organismo respecto al no pago de bonos asignados por Junji a través del organismo. Por esta razón la corporación se querelló por fraude hace dos meses ante el Juzgado de Garantía.
"Estos dineros se los habrían quedado trabajadores de Los Laurelitos, no sabemos exactamente quienes en este momento, por eso la querella apunta a quienes resulten responsable. Eso habría impedido que ellas recibieran el bono en 2017", explicó.
Si bien el delito ya estaría configurado, Cabezas indicó que la totalidad del bono del año anterior ya habría sido pagado a las trabajadoras durante 2018. No obstante, el profesional también negó que la cotizaciones de salud y AFP no hayan sido pagados a la entidad correspondiente.
Conflicto con Junji
El ente estatal cobra a Los Laurelitos un monto superior a los $18 millones, por su parte Patricia González solicita que se declare como "arbitrario e ilegal" el oficio administrativo. Esto porque en 2017 la corporación pidió dineros para remodelaciones, montos que originalmente serían gastados en febrero. Sin embargo, presuntamente Junji presionó la institución para que estos fueran desembolsados en diciembre del año pasado. Sin embargo, meses después un funcionario público habría rechazado el gasto, el cual incluía pintura, material de estudio y oficina.
