Constanza Caldera Pfeiffer
"Si al final del camino tenemos que hacer una obra adicional y nos corresponde a nosotros (financiarla), lo vamos a asumir". Así reaccionó el gerente general del consorcio Santa Marta, Rodolfo Bernstein, ante el dictamen de Contraloría General que obliga a la empresa a asumir los costos adicionales que demande el relleno sanitario Chaqueta Blanca.
Bernstein conversó ayer con este Diario sobre las dificultades que enfrenta este proyecto que, pese a estar -según la empresa- hace varios meses en condiciones de operar, aún no tiene fecha para comenzar a hacerlo.
La situación está entrampada principalmente por la necesidad de resolver las obras hidráulicas (control de aguas lluvias) que se exigen a la iniciativa, las cuales se están discutiendo con la Dirección de Obras Hidráulicas del ministerio de Obras Públicas.
Hay que recordar que durante la tramitación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), Santa Marta modificó su proyecto y amplió la magnitud de las obras para evitar riesgos por precipitaciones, lo que generó un importante alza en su costo final.
Lo que la empresa pretende ahora es que tales obras sean reducidas a través de una herramienta especial que considera la normativa ambiental, llamada "pertinencia", que permite modificaciones muy puntuales a los proyectos ya aprobados. Y mientras esto se resuelve, asegura que el proyecto puede operar.
Costos
Los gastos adicionales generados por las obras -que en un primer momento la empresa calculó en poco más de $3.000 millones y que ahora se habrían reducido a una fracción de ese monto- deberán ser asumidos por el consorcio, según lo resuelto por el contralor nacional, Jorge Bermúdez.
Bernstein si bien manifestó disposición a asumir mayores costos por el proyecto, dejó en claro que sólo lo harán en aquellos aspectos que consideren que efectivamente son de su responsabilidad.
"Tenemos que revisar lo que está en la RCA, si efectivamente el alcance es nuestro, porque hay dudas respecto a exigencias adicionales, que se impusieron después de la RCA, y que tienen que ver, por ejemplo, con poner GPS en los camiones de recolección. Eso creo que no nos corresponde", dijo.
El gerente de la empresa se refirió además a otras obras adicionales que surgieron a partir de la RCA.
Entre ellas mencionó la construcción del acceso al relleno sanitario desde la Ruta 26, donde la empresa y el municipio tienen un acuerdo con el MOP, según el cual el municipio realizará el diseño de un paso bajo nivel y el MOP contribuirá con el financiamiento y ejecución de la obra.
Mientras esta solución se concreta, se habilitó un acceso provisorio, consistente en una pista de aceleración y otra de desaceleración para el ingreso y salida de los camiones.
"Nos pidieron un acceso provisorio y es el que hemos construido, que es distinto al que habíamos propuesto originalmente. Pero en definitiva, hay otras obras que son en un área que tenemos ciertas dudas que debemos aclarar con las autoridades que correspondan. El acceso, por ejemplo, es parte de la Ruta 26 y en nuestro contrato con la municipalidad no teníamos ninguna injerencia sobre esta ruta", expresó.
Incertidumbre
El ejecutivo restó importancia al dictamen de Contraloría e incluso consideró que esto podría acelerar procesos que estaban pendientes.
"Yo no veo que este fallo de la Contraloría tenga una importancia tan relevante, como podría uno sospechar al inicio. Lo veo como una oportunidad de poder avanzar", precisó.
Pese a lo anterior, lo cierto es que en el proyecto aún quedan pendientes varios aspectos que podrían afectar los plazos de entrada en operación.
Por ejemplo, existe la posibilidad que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no dé lugar a la modificación de la RCA a través de una pertinencia y exija que esto se haga mediante una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que podría tardar alrededor de un año.
Por otra parte, se discute si la última resolución de Contraloría afecta la construcción del acceso definitivo (paso bajo nivel), lo cual de ser efectivo obligaría a Santa Marta a gastar alrededor de $2.000 millones sólo en esta obra.
Además, existe la posibilidad cierta que el proyecto se judicialice, si es que la empresa enfrenta un escenario demasiado adverso en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del fallo de Contraloría.
El propio gerente reconoce el riesgo de judicialización en un escenario donde sigan apareciendo exigencias para la empresa y ésta no pueda iniciar la explotación de su concesión.
"Si se eterniza este tema (los trámites) y las voluntades nunca llegan, va a llegar un momento en que la empresa no va a poder seguir. Es lo lógico", declaró.
Finalmente, Bernstein relativizó el interés mostrado por las autoridades locales.
"Ayer el relleno Chaqueta Blanca era urgente, un proyecto prioritario y después en la parte práctica he visto que no es tan prioritario, al parecer prefieren seguir operando con La Chimba", precisó.
33 hectáreas es el costo de inversión de este proyecto, el cual fue financiado por la Subdere (terreno, diseño y construcción). La iniciativa comenzó a ser construida el 2016.
posee el terreno en el que está construido el relleno sanitario Chaqueta Blanca, el cual se ubica en el kilómetro 6 de la ruta 26. El terreno fue comprado por el municipio. anuales es la capacidad máxima de tratamiento que tendrá el relleno sanitario de Chaqueta Blanca. Se desconoce una fecha precisa para su entrada en operación.