Si bien el alcohol es el producto que tiene mayor presencia en las tragedias de tránsito, no puede obviarse el nocivo efecto de otras drogas, tanto así que entre 2004 y 2013 hubo 4.645 accidentes atribuibles a conductores drogados. En ellos, fallecieron 342 personas, mientras 7.921 resultaron lesionadas.

Aún sí, es poco lo que sabemos de la relación entre el consumo de estupefacientes y la conducción. Mientras existe bastante conciencia del peligro que conlleva el alcohol, no queda tan claro que los automovilistas tengan esa misma certeza respecto de drogas de distinto tipo.

Como se recordará, en febrero pasado se produjo el accidente de tránsito en Mendoza, Argentina, donde fallecieron tres niños chilenos de la Escuela de Fútbol Lo Boza, de Quilicura, que habían viajado a una jornada deportiva. Las investigaciones posteriores determinaron que el conductor del bus que los trasladaba admitió que había consumido cocaína y marihuana antes del viaje.

Esta situación llevó a presentar una moción en el Congreso Nacional, con el fin de sancionar en forma específica estos casos en que conductores hayan consumido sustancias prohibidas, poniendo en riesgo la vida de las personas que trasladan.

En el país y la región las sustancias ilegales más consumidas son la marihuana, la cocaína, la pasta base, a las que se han sumado otras de carácter sintético.

Dependiendo del tipo de narcótico que se consuma, ésta puede actuar de formas distintas, por ejemplo, algunas provocan estados de estimulación o euforia, en cuyo caso la persona se impacienta y podría no esperar la luz verde sino que acelerar antes. Otras deprimen la actividad cerebral, y el conductor podría no alcanzar a reaccionar ante un peatón que se cruza repentinamente. En otros casos, se perturba la actividad cerebral, de manera que es posible que el conductor no recuerda qué ocurrió.

La cifra de accidentes da cuenta que estos hechos ocurren con mayor recurrencia, cuestión que no puede soslayarse, por lo cual es necesario adoptar las medidas preventivas para evitar accidentes que cobran vidas y dejan lesionadas a muchas personas.

Los estudios sobre percepción ciudadana y justicia criminal demuestran una radical desvalorización de la presunción de inocencia y de la proporcionalidad de la sanción penal, en contraposición a exigencias, por parte de la opinión pública, de mayor drasticidad punitiva y término a la denominada "puerta giratoria" de la delincuencia. En este contexto, la prisión preventiva, de ser un mecanismo procesal extraordinario y pilar esencial del enfoque garantista del proceso, pasó a erigirse en un importante número de casos como una intensa sanción anticipada al imputado que, además, no siempre tiene como correlato una posterior sentencia condenatoria.

Así, la prisión preventiva ha resultado ser el castigo mínimo por parte de la sociedad para el individuo a quien se atribuyó la comisión de un delito, independiente de lo que haya ocurrido con posterioridad en el transcurso de la investigación o en el juicio oral. Que luego se declare la inocencia del imputado o se lo condene a una pena que permita su cumplimiento en libertad, evidencian su excesiva e incorrecta aplicación, tema que no ha sido considerado por la ciudadanía o los medios de comunicación, pero sí ha sido enfatizado por autoridades de gobierno y parlamentarias.

Respecto de imputados inocentes o absueltos, el sistema procesal penal chileno carece de vías legales expeditas para resarcir los efectos de la privación de libertad. La Constitución limita la indemnización de perjuicios a resoluciones injustificadamente erróneas o arbitrarias, por lo que su aplicación es poco común. El sistema carece, además, de mecanismos efectivos para reclamar contra los entes persecutores o los tribunales de justicia.

Salvo el Proyecto Inocentes, impulsado por la Defensoría Penal Pública, nuestro sistema también carece de instancias de resarcimiento moral reguladas por ley y de aplicación general, especialmente cuando la investigación ha tenido un carácter mediático.

Finalmente, respecto de quienes terminan siendo condenados a penas que permiten su cumplimiento en libertad, la imposición de la prisión preventiva durante la investigación conllevó un contacto criminógeno ilegítimo e innecesario. Que luego de varios meses de privación preventiva el Estado declare que dicho imputado ya no es un peligro para la sociedad y sí puede cumplir su condena en libertad es contradictorio y distorsiona cualquier discusión que se pretenda respecto de la reinserción social.

Luciano Cisternas Velis

Asesor jurídico Defensoría Regional

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