El presidente de la Corte Suprema en entrevista a este Diario sobre la instalación del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, señaló: "En Chile era indispensable echar a andar este tribunal, y nos costó muchos años, porque mucha gente se oponía, se oponía porque es mas fácil llegar a un acuerdo con la autoridad pública que va cambiando o con la autoridad administrativa, y con los tribunales no se puede".
La historia le da la razón, pues la Ley 20.600 inició su trámite legislativo el 2009 y se publicó el 28 de junio de 2012; por lo que durante 5 años esa Ley no se cumplió, al crearse sólo el 2017, el 1° Tribunal Ambiental de Chile.
Preguntado don Hugo Dolmetsch ¿De dónde venía esa oposición? precisó: "De todas partes, muchos empresarios que tenían algún tipo de interés material, de hacer construcciones, o intereses económicos, que normalmente tienen razón en el sentido que todos queremos hacer progresar al país, pero sin preocuparse adecuadamente del daño que puedan causar".
Dice el Art. 7° de la Constitución que publicada la Ley en el Diario Oficial "será conocida de todos y será obligatoria".
La denuncia del incumplimiento de la Ley no es menor, pues significa que el Estado de Derecho se afectó por poderes fácticos, afectando a nuestra Región, al Norte de Chile y nuestra calidad de vida.
Pero, ¿Hay otros temas similares que nos deben preocupar?
Por cierto. La mayoría de los contratos firmados por PYMES de la Región con grandes empresas, tienen cláusula arbitral para resolver los conflictos sobre interpretación, ejecución o validez de los mismos, asignando competencia al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago.
Por ende, toda Pyme local para hacer valer sus derechos en esos contratos tendrá que litigar en Santiago, en evidente desventaja, pues la gran empresa tiene su sede principal y sus equipos profesionales en la capital, desvirtuando todo discurso descentralizador.
Para corregir esta inequidad los gremios empresariales podrían instalar un Centro de Arbitraje Regional, para equiparar la asimétrica relación de sus afiliados con la gran empresa. Hacer cumplir la Ley y evitar cláusulas contractuales abusivas es una tarea regional pendiente.
Jorge Molina Cárcamo
Abogado