Eugenio Sugg Gálvez
El recientemente conformado Tribunal Ambiental de Antofagasta será el encargado de decidir el futuro de proyecto minero-portuario Dominga. La nueva instancia judicial -presidida por el abogado Daniel Guevara- comenzará a recibir causas a partir del 4 de septiembre, por lo que es casi seguro que debute con este expediente cuyo rechazo por parte del Comité de Ministros provocó una gran discusión incluso al interior del gobierno.
Efectivamente, de acuerdo a lo dispuesto originalmente por la ley, el Tribunal Ambiental de Antofagasta debió iniciar su operación en junio de 2013. Debido a distintos problemas -asociados principalmente a las personas que lo conformarían- éste sólo se constituyó este año luego que a mediados de mayo el Senado destrabara los nombramientos.
La propuesta aprobada por los parlamentarios dejó a Daniel Guevara (presidente), Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández como ministros titulares; y a Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo, como ministros suplentes.
"El lunes 4 de septiembre comenzaremos a recibir causas. Andes Iron aún debe ser notificada por el Comité de Ministros y los abogados tendemos a hacer un análisis de los casos muy completo, cabe la posibilidad que presenten la próxima semana en Santiago, pero lo veo muy difícil. Además, creo que sería una buena señal que la empresa parta reconociendo la jurisdicción de los tribunales", partió explicando Guevara.
Competencia
De acuerdo a lo dispuesto por ley, el tribunal antofagastino tendrá competencia para conocer y resolver las causas originadas entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.
"La semana pasada firmamos contrato de arrendamiento para lo que será nuestra casa y ahora hicimos los llamados a concurso para los funcionarios, así que para éste u otros procesos que pueden ingresar a partir del 4 de septiembre -como la etapa de prueba no es tan inmediata- nosotros ya estaremos con todo el tribunal operativo", aseguró Guevara.
Es necesario recordar que -luego de conocerse el rechazo de Dominga por parte del Comité de Ministros-, el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, acusó de arbitrariedad a esa instancia de gobierno y adelantó que acudirán a los tribunales ambientales y a la Corte Suprema, si así fuese necesario.
"Lo que ha pasado aquí es que se ha causado un daño a la democracia del país. Las reglas del juego no son claras y, por lo tanto, lo que prima es la política pequeña. Esto daña la igualdad ante la ley", acusó Garrido.
Y agregó que "creemos que hay un daño no sólo a Dominga sino a la institucionalidad, lo que repercute en la democracia", apuntó.
Envergadura
Respecto al desafío que significa esta causa, por los alcances y trascendencia que adquirió el proyecto, Guevara aseguró que están muy preparados.
"Te confieso que hubiera preferido partir con alguna causa sobre ruidos molestos o algo similar, como para empezar a limpiar la cubierta... pero nos tocó partir con un caso de envergadura, no obstante, sistémicamente este tribunal está preparado", advirtió.
Detalló que entre los ministros "tenemos a un exasesor de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, a un exdirector de Indap, un doctor en química y un doctor en derecho Internacional, lo que te da la confianza para decir que éste es un tribunal que posee las competencias necesarias para evaluar un caso como este", cerró.
Dominga es un proyecto cuya inversión se calculó en US$2.500 millones -aportaría 10.000 plazas laborales-, que se ubicaría en La Higuera, al norte de Coquimbo, una zona que se caracteriza por su alta biodiversidad e históricamente vinculada a la actividad minera.
millones es la inversión estimada por Andes Iron para la construcción de Dominga. US$2.500