A partir de la Reforma a la Educación Superior que pretende llevar a cabo el Gobierno, el país ha sido testigo de desencuentros entre las autoridades del Ministerio de Educación y los rectores de las universidades del Cruch, y al interior de este organismo, entre los rectores de las universidades estatales y los rectores de las universidades del G9. Las universidades estatales reclaman una mayor preocupación y apoyo de parte del Estado, y las del G9 declaran que si bien entienden que al Estado le corresponde propiciar un fortalecimiento de las universidades estatales, este fortalecimiento debe también alcanzar a las no estatales de función pública. ¿Tienen razón las universidades estatales? ¿La tienen las del G9?
Por cierto que sí. El Estado de Chile ha descuidado a sus universidades. Hasta 1981, todo el Sistema de Educación Superior chileno consistía solo de ocho universidades, de las cuales sólo dos habían sido creadas por el Estado. Es notable que 100 años separan la creación de la U. de Chile de la U. Técnica del Estado (hoy U. de Santiago de Chile).
Las seis universidades privadas, Católica de Chile, de Concepción, Católica de Valparaíso, Técnica Santa María, de Santiago de Chile, Austral de Chile y Católica del Norte, no tienen fines de lucro y prestan un enorme servicio al país.
El Estado de Chile, reconociendo el aporte de estas instituciones decidió financiarlas en las mismas condiciones que a las dos universidades estatales. Así era la situación hasta el año 1981. A partir de ese año se crearon, sobre la base de fusionar las sedes de las universidades de Chile y Técnica del Estado, catorce nuevas universidades estatales, llegando así a dieciseis. La Universidad Católica de Chile liberó también sus tres sedes en el sur, las que pasaron a constituir universidades independientes, llegando así a un total de 9 instituciones privadas del Cruch. Estas son las que constituyen el G9. Hoy con las dos nuevas universidades estatales de O´Higgins y Aysén, el Cruch tiene 27 miembros.
El Estado debe preocuparse de sus universidades, fortaleciéndolas y apoyándolas con los recursos necesarios, especialmente a las estatales regionales, y en particular aquellas que no han alcanzado el desarrollo esperado. Pero el Estado debe también reconocer el aporte de las universidades del G9, algunas de ellas con claro reconocimiento internacional y altos niveles de acreditación, apoyándolas con los recursos necesarios, como hasta ahora lo ha hecho.
Ricardo Soto Montero
Académico Departamento Matemáticas UCN