Por fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió el recurso de amparo presentando por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Instituto de Derechos Humanos contra la Policía de Investigaciones y el intendente Arturo Molina, por la expulsión de tres estudiantes peruanos, hecho ocurrido el pasado 26 de enero y tramitado por la Intendencia de Antofagasta.
La defensa de los jóvenes universitarios detalló que éstos se encontraban en el país para complementar sus investigaciones en torno a la historia del movimiento obrero en los inicios del Siglo XX, sin embargo, fueron investigados por la PDI en Iquique, Antofagasta y La Serena, ciudades donde habrían realizado encuentros con tópicos vinculados al anarquismo.
'doctrinas'
En opinión del Gobierno y la PDI, los peruanos propagaron y/o fomentaron doctrinas que tienden a "destruir o alterar por la violencia el orden social del país", al encontrarse en su poder libros y publicaciones sobre el anarquismo.
Sin embargo, la policía civil reconoció que no hubo ningún acto violentista por parte de los expulsados.
Ayer, la primera sala del tribunal de alzada antofagastino -integrada por los ministros Óscar Clavería , Virginia Soublette y la abogada (i) Macarena Silva- dejó sin efecto las resoluciones exentas del 23 y 24 de enero pasado, dictadas por la Intendencia Regional de Antofagasta que decretaron la expulsión del país de los amparados.
"Pese a lo informado por Policía de Investigaciones, en los partes emitidos, que dan sustento a las resoluciones, sólo se hace referencia a la infracción de la normativa de extranjería, sin indicar, precisar y domeñar el actuar de los amparados a algún hecho en específico, lo que conlleva, en definitiva, a la inexistencia de sustento fáctico", dice el fallo.
Por lo demás, indica el documento, la imputación al anarquismo no constituye per se actos violentos y reprimidos, referidos en el Decreto Ley N° 1.094, pues no es más que un pensamiento filosófico para defender la libertad individual.
Alegatos
El presidente de la sala, Óscar Clavería, escuchó los argumentos. Sin embargo, insistió en preguntar a la PDI sobre el sustento de su investigación.
Para responder, la PDI admitió que si bien no hubo ningún acto violentista por parte de los jóvenes, en su poder tenían libros y documentación de carácter anarquista. Además, habían dictado charlas sobre esta ideología en distintas ciudades del país, promovimiento esta idea.
En su presentación, la PDI se basó en el artículo 15 de la Ley de Extranjería, que dice que "se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros: los que se propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por otro cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno...".
Reacciones
El jefe regional del Instituto de Derechos Humanos, Paulo Palma, sostuvo que con esta resolución, lograron reestablecer los estándares del derecho con hechos fundantes.
Agregó que la PDI y la Intendencia no tenían antecedentes fehacientes sobre que los jóvenes habían venido a actividades de incitación a la violencia. "Nunca existió un ánimo de exaltar el orden público", dijo.
También sostuvo que ambos recurridos tienen la potestad de apelar a la Corte Suprema. De ser así, manifestó, tienen la confianza que la Corte fallará a favor de los expulsados.
Por último, agregó que los estudiantes informarán a los jóvenes sobre la decisión del tribunal.
Apelación
El abogado de la Intendencia, Rodrigo Meriño, agregó que es un fallo que ellos esperaban favorable.
"En el dictamen de la Corte no hay un mayor reproche en cuanto a la fundamentación legal. Estamos evaluando presentar una apelación al fallo, pero hay que consultar con el nivel central. Lo tomamos con normalidad siempre existe la posibilidad de que la Corte acoja un recurso", agregó.
"Noam Chomsky es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se ha declarado políticamente anarquista, no entiendo cómo el hecho de ser anarquista puede alterar el orden social del país".
Ministro Óscar Clavería en los alegatos."
"Creo que nuestros alegatos fueron bastante buenos. Los fundamentos tanto de la PDI como la Intendencia son sólidos y se basan en una investigación policial conforme al marco normativo que existe hoy en día para los extranjeros en el país".
Abogado de Intendencia,, Rodrigo Meriño."
"Nosotros estamos por la protección de los derechos humanos en todos sus ámbitos. La detención fue ilegal. Los jóvenes venían por actividades académicas que se realizaron en casas de estudio reconocidas por el Estado".
Jefe regional del INDH, Paulo Palma."