100 años | 7 de marzo de 1917

Critican situación de becados

La prensa critica el abandono gubernativo de que son objeto los alumnos becados para estudiar en el extranjero. Trata en especial el caso del electricista, señor Patricio Quiroga, quien después de una brillante estadía en Europa no encuentra un empleo en Chile. El asunto es debatido en distintas instancias parlamentarias.

50 años | 7 de marzo de 1967

U. del Norte capacitará para la televisión

Antofagasta con sus 100 años de historia, 120 mil habitantes y progreso ascendente necesita de la televisión. Por esta razón se está trabajando para contar con un canal, proyecto que lidera la Universidad del Norte, que tendrá a su cargo el Canal 3. Ya se informó que ese plantel capacitará a tres personas en este ámbito.

10 años | 7 de marzo de 2007

Afinan detalles para región de Arica y Parinacota

El próximo 23 se promulgará la ley que crea la XV Región de Arica-Parinacota. La Presidenta Michelle Bachelet firmará el decreto, en la ciudad de Arica (capital de la nueva región), para formar la segunda de las dos nuevas regiones político-administrativas, que se harán efectivas en seis meses.

Un estudio global realizado por la encuestadora Ipsos dio cuenta que la mayoría de las personas piensa que su país está en decadencia, además de sentirse abandonada por el sistema político y el gobierno tradicional.

El informe nos sirve para destacar algo ya dicho. La molestia que muchos chilenos perciben en contra de autoridades, políticos, empresarios y hasta cierta convicción de desgano, es un fenómeno mundial, bastante instalado, especialmente en los países desarrollados y en vías de desarrollo.

"Nuestro estudio sugiere que muchos países de todo el mundo comparten la opinión de que el sistema ya no les sirve. Además de este sentimiento que no hace distinción de fronteras, hay frustraciones e insatisfacción", comenta Bobby Duffy, director gerente del Ipsos Social Research Institute.

El estudio fue realizado entre más 16 mil personas en 22 países y las conclusiones de Duffy son coherentes para entender en algo acontecimientos políticos históricos como el Brexit en Reino Unido, o la elección de Donald Trump en EE.UU. Ante la sorpresa de las clases más ilustradas, irrumpe el malestar del ciudadano común que parece comenzar a buscar alternativas distintas. Así las cosas, el potencial para más incertidumbre política no parece disminuir, confirmando lo que hoy parece una regla: el ciudadano antepone sus impresiones ante la sociedad, el establishment, muy por sobre las condiciones de clase que caracterizaron a Occidente durante los últimos 70 años.

Al momento de evaluar el sistema, dos de cada tres consultados (64%), en promedio, afirman que los partidos tradicionales y los políticos no se preocupan de la gente. Este índice se eleva a 75% o más en países como México, Perú, Francia y España. Por el contrario, en Japón y Suecia es casi la mitad, con un 39% y 42%, respectivamente. Al tiempo, más de seis de cada 10 también creen que la economía de su país está cooptada en favor de los ricos y poderosos (69%) y que se necesita un líder fuerte para recuperar al país de estos grupos (63%).

¿Qué viene a futuro? Sin duda, muchos más cambios.

Con fecha 2 de febrero del presente año, mediante los fallos Rol N° 87.743-2016 y N° 87.748-2016, la Excma. Corte Suprema acogió dos recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en Arica y Valparaíso, en favor de personas privadas de libertad que se encontraban habilitadas para votar, pero respecto de quienes, tanto el Servicio Electoral como Gendarmería, no garantizaron las condiciones para hacer efectivo su derecho a sufragio en las elecciones de 2016.

La relevancia de estos fallos no dice relación con la existencia del derecho en sí, ya que tanto por mandato legal como constitucional, actualmente sólo algunas personas privadas de libertad no tienen derecho a votar: las personas "condenadas" por un delito que merezca una pena aflictiva (igual o superior a 3 años y 1 día); y las personas "acusadas" por delitos que merezcan una pena aflictiva o por delito terrorista. En consecuencia, y sólo a modo de ejemplo, las personas "imputadas", cualquiera sea el delito y la pena que arriesguen, sí pueden votar.

La importancia, por el contrario, está referida al modo en que podrían incidir estos fallos -y los que eventualmente les sigan- en la política electoral y penitenciaria en nuestro país. Al respecto, para el máximo tribunal la normativa constitucional y los tratados internacionales de Derechos Humanos son categóricos en cuanto a obligar al Estado a propender al oportuno y efectivo ejercicio del derecho a sufragio, incluyendo a quienes se encuentran privadas de libertad. Por ende, sostiene la Excma. Corte Suprema que el Servicio Electoral "está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario" y que a Gendarmería "le corresponde velar de manera activa porque se respete la condición de ciudadano de cualquier persona privada de libertad bajo su custodia".

Resulta trascendental analizar el impacto positivo que tendría la efectiva participación cívica de imputados y condenados respecto de su reinserción en la sociedad. Pues el derecho lo tienen, pero su concreta materialización no había sido discutida en serio hasta ahora. Deberá convenirse que si la reinserción como sociedad nos importa, en este caso los fallos del máximo tribunal sólo pueden agradecerse, pues evidencian la preocupación de un Poder del Estado.

Loreto Flores

Defensora Regional