José Luis Ramírez M.
No antes del segundo semestre de 2018, podría entrar en vigencia una nueva Ley de Extranjería y Migración en Chile.
Esto, debido a la complejidad del debate legislativo que desde ya se anticipa (pese a que el proyecto aún no está presentado), pero también a las dudas que persisten sobre el financiamiento de la iniciativa.
Sobre este último aspecto, hay que precisar que la Ley de Presupuesto 2017 enviada por el Gobierno al Congreso a fines de septiembre, no considera recursos para la implementación de la reforma, asunto que si bien no es del todo determinante, es una "señal" respecto a que la norma -de alta relevancia para el norte del país- no es una de las prioridades legislativas del próximo año.
Y fue el jefe del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, el encargado de "aterrizar" los plazos de implementación de una potencial nueva regulación.
"Una ley tiene que tener un plazo razonable de tramitación y eso no puede ser inferior a un año, sería bastante irresponsable pretender que en un año vas a tener una ley. Por lo demás, una vez que la ley quede lista se requerirán seguramente unos 6 meses o más para que el servicio se cree (...) es decir, no es realista pensar que en 2017 iba a estar implementada", dijo el encargado.
Gestiones
Aunque el Ejecutivo no había comprometido plazos precisos, gestiones realizadas hace unos meses por las diputadas Paulina Núñez y Marcela Hernando ante el ministro Mario Fernández, habían logrado que el Gobierno se pronunciara sobre el proyecto.
En aquella ocasión Fernández habló de enviar el proyecto de ley al Congreso antes que finalice este año, meta que también está en duda.
Lo anterior debido a que el borrador de la norma, que está siendo revisado simultáneamente por varios ministerios, aún no está terminado.
"Hemos avanzado en lo que es el borrador y estamos a la espera de las decisiones políticas para resolver en qué momento este proyecto llega al Congreso", dijo Sandoval.
Recursos
Pero el tema de los recursos es quizás el más complejo.
De acuerdo a cálculos hechos por Hacienda una nueva Ley de Extranjería elevaría de $17 mil a $22 mil millones anuales el gasto fiscal en este campo, lo que va en contra de la política de ahorro del gobierno.
La solución que se analiza entonces es una implementación por etapas, comenzando con tres regiones (dos del norte y una del sur), entre las que estaría Antofagasta.
La fórmula supone un aumento de $2 mil millones en el gasto anual en materias de extranjería y sería la más factible, dadas las actuales circunstancias de la economía.
La diputada Paulina Núñez explicó que el Ejecutivo adquirió un compromiso en el sentido de enviar el proyecto al Congreso este año, el cual espera que se cumpla.
"Más allá de los recursos, nada impide que ya estemos discutiendo el proyecto, porque lo que nos interesa es tener una buena ley", apuntó.
Marcela Hernando también se declaró alerta por la ausencia de noticias sobre el proyecto y porque los nuevos plazos de implementación "no están en línea con lo conversado".
Nuevo servicio con despliegue nacional
El proyecto considera la creación del Servicio Nacional de Migración, que tendrá presencia en todo el país. Este servicio absorberá a los departamentos de extranjería que hoy funcionan en las gobernaciones provinciales y además de hacerse cargo de los trámites, tendrá también un rol en la generación de políticas hacia estas poblaciones. Otro aspecto importantes es que la reforma crea nuevos tipos de visas más acordes a la realidad de la inmigración. Hoy en la Región de Antofagasta viven unos 75 mil extranjeros, según la PDI.