3 de noviembre Ingresa al Senado de la República el proyecto de ley que crea los Tribunales Ambientales en el país.
28 de junio Es publicada en el Diario Oficial la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales en Chile.
1 de junio Comenzaría a funcionar -según estableció la ley- el Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Septiembre La Corte Suprema de Justicia envía la primera quina para conformar el Tribunal Ambiental de Antofagasta.
En noviembre podría destrabarse definitivamente la constitución del Tribunal Ambiental de Antofagasta, organismo que -de acuerdo a lo dispuesto por la ley- debió iniciar su operación en junio de 2013.
Así lo adelantó el senador Pedro Araya, quien aseguró que esa fue la petición que hicieron parlamentarios afines al gobierno a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) como condición antes de iniciar los procesos restantes en los tribunales de Santiago y Valdivia.
"Es preocupante esta demora. Cuando se tramitó esta ley y yo era diputado, dimos una fuerte pelea para que Antofagasta sea una de las sedes de este tribunal para que estuviera en terreno viendo lo que sucede en la zona", partió comentando Araya.
Pese a que la constitución del tribunal depende directamente de la Presidenta Bachelet, el nombramiento de los tres ministros titulares y dos suplentes que lo componen requiere la aprobación de tres quintos del Senado de una nómina de cinco personas propuestas por la Corte Suprema, seleccionadas de un listado enviado por la Alta Dirección Pública (ADP).
A ese intrincado proceso se agrega -en el caso de Antofagasta- que en los primeros concursos no hubo interesados suficientes.
"Posteriormente se logró armar las quinas, pero lamentablemente en el Senado no hemos logrado acuerdo para su ratificación", explicó el parlamentario que hoy preside la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
En rigor, los nombres que ha barajado el gobierno no lograron la venia de los senadores de oposición, cuyos votos son necesarios dado el alto quórum requerido.
Y en eso están. Tres años después de que el tribunal debiese haber comenzado a operar, al Senado han llegado al menos tres fórmulas para destrabar esta negociación, pero no han fructificado.
De hecho, en el oficialismo acusan que los senadores opositores intentan vincular la constitución del tribunal antofagastino con los cupos que restan en los mismos cuerpos colegiados de Santiago y Valdivia, he incluso con los dos puestos que restan llenar en la Corte Suprema.
Junto con descartar esa posibilidad de vincular los nombramientos, Araya adelantó que "esperamos que antes de noviembre el gobierno envíe una quina definitiva, porque además no quedan muchas más fórmulas de nombramiento y si la Alianza no entrega los votos tendrá que asumir su responsabilidad", sostuvo Araya.
En ese escenario, lo que correspondería es conformar una nueva quina, proceso que podría demorar otros seis meses.
Respecto de este tema, Carlos Iriarte, vocero de la agrupación Salvemos el Salar de Punta Negra -que hace unas semanas presentó una denuncia en contra de Minera Escondida y SQM ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por un supuesto daño ambiental en esa zona-, comentó que "resulta inconcebible que aún no se haya constituido el Tribunal Ambiental de Antofagasta".
"Esta situación no sólo afecta a nuestra región, sino también a Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo, dejándolas desprotegidas en términos de gobernanza ambiental", dijo.
Según él, ese espacio territorial hoy es cubierto sólo por la SMA, "que no tiene las competencias resolutivas ni fiscalizadoras para atender de buena forma a la macro zona norte, donde están los desarrollos empresariales mineros y eléctricos más importantes del país, industrias que se caracterizan por su permanente conflicto con las comunidades y su impacto medioambiental", acusó.
El temor de las organizaciones ligadas a la salud y el medio ambiente es que el gobierno siga desentendiéndose del tema, toda vez que un tribunal en Antofagasta podría significar litigios que entorpezcan la "vía rápida" a los proyectos de inversión que el poder central ha pedido a los gobiernos regionales para reactivar la alicaída economía.
Y pese a que las causas puede asumirlas y tramitarlas el Tribunal Ambiental de Santiago, se especula que allá -lejos de donde se provocan las externalidades de los proyectos- es más fácil negociar y llegar acuerdos entre las partes interesadas.
Eso, no obstante, para Araya no corre. "Yo lo descarto totalmente, lo que ocurre es que el sistema de nombramiento es uno de los más complejos que hay. Además, las causas se pueden tramitar en Santiago, y como ejemplo hace poco ese tribunal sancionó a una empresa de Antofagasta por incumplimiento ambiental", concluyó el legislador.
El tercer lugar logró el Semillero de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UA, "Sociedad de Debate", en el I Concurso Nacional de Estudiantes de pregrado Semilleros de Derecho Procesal, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
En proceso de licitación se encuentra la etapa de diseño del proyecto "Mejoramiento de Borde Costero, sector Los Pinares-Trocadero", que tiene como objetivo reforzar las actividades deportivas y recreacionales de la zona, para consolidar el borde costero en el sector. La iniciativa bordea los $6.000 millones en diseño y ejecución.