José Luis Ramírez M.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jasna Pavlich, respira profundo cuando se le pregunta por la crisis que, de 2005 a la fecha, derivó en la muerte de 865 niños y jóvenes mientras estaban bajo al cuidado de la red del Sename.

Pavlich fue durante nueve años jueza de familia en Copiapó y, por ende, conoce bien las complejidades y carencias que existen en el sistema proteccional chileno, especialmente a nivel de residencias.

Falta de profesionales, sobrepoblación, ausencia de segregación y una despreocupación del Estado por la realidad de estos menores, que muchas veces no tienen "quien pida por ellos", conduce a lo que la ministra no duda en calificar como un gran fracaso para la sociedad chilena.

Más de 800 niños muertos en 11 años, ¿qué le provoca eso ministra?

-Es una situación dolorosa, triste, pero no es algo que no se conociera, porque el Sename requiere profesionalizar más la atención a la infancia y la adolescencia, y eso implica modificar también la ley en cuanto a que ya no se atienda a la infancia y adolescencia a través de organismos colaboradores, sino a través de atención directa del Sename, pero una atención que sea eminentemente técnica, profesional, estableciendo el sistema residencial como algo muy excepcional, sólo en casos gravísimos en que los niños no puedan mantenerse dentro de su grupo familiar.

El sistema residencial no sólo es terrible desde la perspectiva de los niños que fallecieron, también de las consecuencias sicológicas que produce a un niño que pasa por este sistema, que en definitiva también implica vulnerar los derechos del niño a la convivencia familiar.

¿Pero entonces son pocos los casos en que se justifica sacar a un niño de su entorno?

-Debería ser más rigurosa la selección, porque las recomendaciones que hace la Unicef en relación a los niños sin relación parental es que se busquen familias de acogida, vale decir que se busquen sustitutos familiares en vez del sistema, y dejar el sistema residencial para aquellos casos muy complejos en los cuales no se puede tener familias de acogida.

Usted dice que lo ocurrido es terrible pero que no es algo que no se conociera, ¿cómo es eso?

-Voy a ser franca. La familia e infancia hasta que ciertas cosas puntuales no salían, no era tema en el país. Sobre todo la infancia vulnerada. Hay que tener conciencia que hasta 1991 cuando se aprobó la Convención Internacional de Derechos del Niño, éstos no eran sujetos de derecho, eran objetos de derecho. Al no ser sujetos de derecho, no existía la preocupación que hoy existe por considerar los derechos que les asisten.

Antes el Estado era lo que podría llamarse un "buen padre de familia", y por lo tanto a los niños vulnerados los acogía y sacaba de su entorno familiar, pero hoy hay que pensar en rehabilitar a la familia y tratar de no sacar al niño de su entorno, porque por muchos problemas que tenga la familia, es mejor estar dentro de ella que sacarlo de allí y dejarlo en una residencia.

Que un niño muera mientras está al cuidado del Estado es como fallar en lo más básico, ¿cómo se asume ese fracaso?

-En cierta medida es un fracaso, es como considerar que fallamos como Estado, como sociedad, no sólo el Sename, sino todos, porque no fuimos capaces de proteger y de cuidar a esos niños. Y cuando digo todos, es todos, también el ciudadano que camina por la calle, porque no fuimos capaces de generar como sociedad los mecanismos para que ese niño pudiera desarrollarse integralmente y llegar a ser adulto, y en definitiva ser feliz, que es a lo que uno viene a este mundo.

Investigación

El caso está ahora en la fiscalía, ¿ve usted posibles responsabilidades penales?

-Eso dependerá de la investigación, eventualmente podría (haberlas), pero va a depender de la indagatoria, porque hay situaciones en que hubo denuncias que podrían ser constitutivas de delitos o cuasidelitos y (ahí) no sé cómo el fiscal va investigar. Pero hay otras situaciones en que debe revisarse la situación de la muerte, porque podría ser, por ejemplo, que algo que aparece como muerte natural, sea por falta de atención médica oportuna, y allí aparecerían no responsabilidades penales, pero sí civiles por falta de servicio.

¿Estas cifras por qué no se conocieron antes, por qué tuvieron que pasar varios meses y producirse una fuerte presión para que salieran a la luz?

-Hace cuatro o cinco años fue el Poder Judicial el que hizo un mea culpa y dio a conocer los niños que estaban en residencias, porque antes no se sabía ni siquiera cuántos niños había allí. Es decir, quienes pusieron el tema en la mesa fuimos nosotros, el Poder Judicial, y eso como consecuencia de la creación en 2005 de la judicatura de familia. A partir de allí la ley establece ciertas obligaciones que con anterioridad no estaban, como la de visitar residencias. La ley dice que son dos (al año), sin embargo la Corte Suprema exige cuatro para mantener mayor control.

¿Son muchas las falencias? ¿Cómo está en eso la región?

-La región tiene los mismos problemas (que todo el país). Las recomendaciones de Unicef dicen que en un dormitorio debe haber tantos niños con determinadas características, pero cuando uno va a una residencia hay el doble de niños en un dormitorio. Entonces, desde esa perspectiva también tenemos que empezar a preocuparnos de la calidad de las residencias, y ese es un tema que si bien nosotros podemos visualizar, no nos corresponde resolver.

Sería otro fracaso no arribar a responsabilidades penales por la muerte de estos niños?

-No necesariamente, porque puede llegar a determinarse que un niño falleció por una enfermedad, una enfermedad que no fue atendida dentro de tiempo, pero porque no existían horas en el sistema publico o porque no existían los profesionales adecuados para la atención. Hay que decir que entre los niños que se encuentran en residencias hay un alto porcentaje que requiere atención psiquiátrica, y no existe en el servicio público la cantidad de psiquiatras infantojuveniles para atender la demanda, y eso implica que los niños van agravando su situación.

Ahora, respecto a los niños que han fallecido en esa circunstancia, los profesionales no dan abasto, y los servicios de salud si no atienden a la población general, menos se van a preocupar de los niños que no tienen quién pida por ellos, y el Sename no tiene residencias que tengan hospital, la gran mayoría no tienen médico o enfermería.

¿Facilitar los procesos de adopción para poner a niños vulnerables en manos de familias responsables puede ser una solución?

-El trámite que es engorroso no es el adopción propiamente tal, sino la declaración de susceptibilidad para adopción. La adopción requiere ese trámite previo, que es donde se acredita que existe alguna de las causales que la misma ley señala para declarar al niño como susceptible. Por ejemplo, que los padres no están habilitados ni física ni económicamente o moralmente para atender al niño, o que el niño ha sido desatendido por sus padres o cuidadores durante un determinado periodo. Sin ese trámite previo no se puede adoptar, pero el trámite de adopción en sí es muy rápido.

¿Pero puede haber ahí una contribución?

-Sí, pero también habría que hacer algún tipo de sensibilización a nivel de comunidad en relación a que no sólo se adopten niños pequeños, porque hay niños de toda edad que están en esta situación, y todos ellos tienen derecho a tener una familia, a ser queridos y a vivir con alguien que satisfaga sus necesidades de afecto, de crecimiento espiritual. Recibir un niño pequeño es fácil, es mucho más complejo hacerse cargo de un niño que ya tiene una historia. Si uno ve los listados de la gente que se inscribe para adopción, generalmente quiere bebés o niños de corta edad.

"Hace cuatro o cinco años fue el Poder Judicial el que hizo un mea culpa y dio a conocer los niños que estaban en residencias, porque antes no se sabía ni siquiera cuántos niños había allí"."