Redacción
Otra polémica política se vive por estos días y no tiene que ver precisamente con el fuego cruzado en el que están los candidatos a la alcaldía de Antofagasta, sino que involucra a la diputada Marcela Hernando (PR) y al Gobierno Regional.
La pugna se produjo luego de la presentación de un oficio parlamentario en el que Hernando consulta por la "legalidad" de una serie de disposiciones contenidas en un convenio "secreto inter-administrativo", entre el Gobierno Regional de Antofagasta y el Banco del Estado de Chile.
La parlamentaria planteó una falta de transparencia en el manejo de fondos públicos.
La petición de la legisladora, concretada en enero del presente año y hecha por vía reservada, apunta al incumplimiento de una serie de leyes relativas al sistema de propuesta pública y a la administración de recursos del Estado.
En su comunicación inicial a la Contraloría, la diputada por Antofagasta adjunta el convenio entre ambas instituciones, firmado en febrero de 2015 por el intendente Valentín Volta y Jorge Cortés, subgerente de banca institucional del Banco Estado, en el que se consigna que durante su vigencia el banco se obliga a entregar un aporte anual, no acumulativo de $170 millones, "cuyo destino sea la realización de actividades culturales, sociales o recreativas", bajo la modalidad de auspicio o patrocinio.
El texto legal señala además que el Gore debe guardar absoluto "secreto" respecto de todas las operaciones y antecedentes que deriven de la ejecución del acuerdo, lo que se declara "inviolable".
Respuesta
Ante los dichos de la diputada Marcela Hernando, el Gobierno Regional hizo público un comunicado donde se defendió, asegurando que el convenio "se encuentra en un marco de total apego a la Ley de Transparencia y de acceso a la opinión pública".
En respuesta a la parlamentaria explicaron que existe un convenio celebrado con el Banco del Estado, con fecha 1 de febrero del 2015 y aprobado por resolución exenta N°149 del 18 de febrero del 2015.
"Efectivamente existe una cláusula de confidencialidad que se limita a las condiciones comerciales propias de toda entidad bancaria. Más aún, en su cláusula final, establece que dicho convenio se sujetará irrestrictamente a los principios de transparencia y probidad que establece la Constitución y la Ley de Probidad y Transparencia", señala el comunicado.
Desde el Gobierno Regional sostienen además que "siendo que los recursos pertenecen al Banco del Estado, esta entidad es quien autoriza diferentes acciones que promuevan el desarrollo de actividades sociales, deportivas y culturales en la región, existiendo un estricto control de legalidad por parte del mismo, que por cierto, es una institución pública".
Contraloría
En su presentación Hernando recuerda que la propia Contraloría ha señalado en diferentes dictámenes que los servicios públicos "deben utilizar preferentemente la licitación en el caso de seleccionar entidades bancarias para administrar recursos, señalando además que la renovación automática por cinco años del convenio contraría los dictámenes 46.746, de 2009 y 38.612, de 2013 de la institución, debido a que las cláusulas de renovación automática pugnan con el sistema de propuesta pública establecido en la normativa legal".
Marcela Hernando puntualizó que "el Gobierno Regional ha pactado con el banco mantener esos fondos en la entidad financiera, sin incorporarlos a sus cuentas corrientes y por lo tanto dejándolos fuera de supervisión. A cambio de ello sólo acuerda cederle espacios para publicitar sus servicios. Con esta fórmula, conocida desde hace años entre los municipios, nada impide que el intendente determine, sin rendir gastos, en qué y a quién se paga con esos fondos".
"Lamentamos los dichos de la parlamentaria, este Gobierno Regional cuenta con todos los antecedentes administrativos y correspondientes respaldos, cuya tramitación se hace mediante actos administrativos que son todos de carácter público", cerró el Gore.