Hace pocos días un centro hospitalario estuvo a poco de entrar en huelga legal, por cuanto no se llegaba a acuerdo con algunos de sus empleadores. Una situación legítima, pero delicada, considerando el tipo de servicio que presta a la sociedad.
Lo interesante de lo anterior es que muchas de las decisiones finales son tomadas no en Antofagasta, ni siquiera en Santiago, sino en el extranjero, ya que, por ejemplo, el controlador de este centro médico opera en Europa y desde allí en varios continentes.
La situación no es extraña, ni tampoco ilegal. También lo hemos visto con la gran minería. Trámites que son demorados por los ejecutivos que no están en nuestra nación dificultan el llegar a acuerdos, ya que los interventores locales, en muchos casos, no tienen poder para resolver cuestiones complejas.
Ciertamente esto existe también a nivel local, aunque a menor escala. El fenómeno se repite con muchas gerencias locales que son desoídas desde los niveles neuronales, complicando sus performances.
No obstante, lo delicado y muy poco analizado es cuando la propiedad, la decisión y el poder de ello están radicado a miles de kilómetros del sitio que enfrenta un problema.
¿Es esto razonable? ¿Es esto, incluso, un problema para la seguridad?
Las preguntas son válidas, considerando que efectivamente estamos en presencia de una situación poco estudiada y que puede complicar el desarrollo de los territorios.
En Antofagasta tenemos varios casos, como el citado en salud y otro con la empresa sanitaria.
¿Qué ocurriría si esta última decide, en el extranjero, no invertir en proyectos locales para privilegiar otros emprendimientos en su nación? Ciertamente en estos casos hay una regulación estatal, pero debe reconocerse que siempre quedan espacios abiertos para lo improbable.
No se trata de cerrar las puertas a la inversión foránea, en absoluto, pero sí de reconocer que hay situaciones que deben ser vistas en mayor detalle, considerando los efectos que esto tiene para el desarrollo de nuestras ciudades, regiones y país.