El fenómeno de la migración en la Región de Antofagasta parece no ser entendido en su real dimensión por las autoridades de gobierno, que tardaron dos años en un borrador para una nueva ley y ahora este texto seguirá en estudio por las prioridades económicas en el nivel central.
La normativa en vigencia, que data de 1975, quedó superada hace rato ante el alto flujo de inmigrantes hacia el país en los últimos años, sobre todo en las regiones del norte, producto del otrora boom de la minería. Un ejemplo: solamente en la Segunda Región la cifra de extranjeros bordea las 65 mil personas, entre ciudadanos peruanos, bolivianos y colombianos, principalmente.
Esto deriva en que los servicios que atienden a los migrantes en sus trámites de distinto tipo estén casi colapsados. Y ellos mismos denuncian que no son atendidos en buena forma, ya que muchas veces no existen uniformidad de criterios y procedimientos entre las autoridades.
Por ello, resulta inquietante que el jefe nacional del Departamento de Extranjería anuncie que la nueva normativa sigue en revisión, pero ahora por problemas presupuestarios del Estado. Esto porque la nueva ley crearía un servicio específico de migración, lo que significa más funcionarios públicos y todo lo que implica otro organismo en infraestructura.
La indicación al proyecto es atendible, pero la pregunta pasa por cuánto tiempo más habrá que esperar por una nueva ley migratoria, ya que a esta demora del gobierno, deberá sumarse los plazos de tramitación en el Parlamento (otros dos años más, por lo menos).
El borrador de la ley migratoria está en reformulación, pero las regiones que enfrentan este fenómeno siguen a la espera de una nueva estructura en la regulación del ingreso y estadía en el país, que también deberá contener instancias de inclusión de los extranjeros.
Además, los mismos inmigrantes están presentando quejas por actitudes discriminatorias en los servicios públicos y la falta de una tramitación más expedita de la documentación para permanecer legalmente en el país.