El actual escenario económico ha puesto de relieve la urgencia de recuperar mayores ritmos de crecimiento y también uno con mayor diversificación productiva. Ambos desafíos tienen en común la necesidad de incrementar la inversión, especialmente aquella más intensiva en conocimiento y capaz de crear valor compartido con los territorios donde ella se emplaza. Pero esto requiere de innovaciones que habiliten estas inversiones. Este es el norte de la iniciativa público-privada Alianza Valor Minero.

En particular del proyecto de Innovación Institucional "Sistema de Diálogo Permanente para Grandes Proyectos de Inversión", que aúna los esfuerzos del sector público, privado y social con el objetivo de generar no sólo más sino mejores proyectos de inversión. Se trata de un esfuerzo multisectorial en el diseño de una política pública que habilite un proceso para la gestión del diálogo permanente entre el Estado, los privados y las comunidades donde se realizan los grandes proyectos, logrando acuerdos de beneficio mutuo.

Es un hecho que los grandes proyectos tienen alta incidencia en el ritmo de crecimiento y cuentan con el potencial de ser una plataforma para incrementar la competitividad; sin embargo hoy día existe incertidumbre en la concreción de estas inversiones.

Según la Corporación de Bienes de Capital, durante el primer trimestre de 2016, los proyectos de inversión en etapa de construcción cayeron un 2,8% en relación al último cuarto del año 2015. En junio de 2014 los proyectos detenidos llegaron a US$73.025 millones, de los cuales US$44.773 millones correspondían a inversión frenada en el sector minero. Los estudios demuestran que los costos por conflictos socioambientales en proyectos entre 3 y 5 mil millones de dólares, ascienden a US$20 millones semanales, manifestándose en el área ambiental, pero con problemas sociales y económicos subyacentes, que afectan la naturaleza y robustez de la relación entre los actores.

Si el 34% de la inversión a nivel mundial de los próximos años estará concentrada en América Latina, necesitamos atraer la mayor cantidad de esa inversión en el país. Pero no de cualquier manera. Desde el Proyecto de Diálogo Permanente, estamos convencidos que el desafío es más bien a definir cómo atraemos inversión VIS: virtuosa, inclusiva y sostenible. Y esto se logra con procesos de diálogo estructurados.

El Proyecto "Sistema de Diálogo Permanente para Grandes Proyectos", es una propuesta de innovación institucional que ha sido aprobado por el Fondo de Inversión Estratégica (FIE), y que integra el liderazgo de los expertos de los Ministerios de Energía y Minería, de los Ministerios de Economía - en la implementación de la Oficina de Grandes Proyectos- y del Ministerio de Medio Ambiente, entre otros actores del sector público. También concurren en el Poder Judicial, quien ve en este esfuerzo multisectorial una plataforma para el diseño de herramientas judiciales alternativas y previas a la judicialización. Vital es también el rol que jugará en su diseño los diversos representantes de la sociedad civil organizada.

Por último, y quizás lo más importante a destacar en estas líneas, es la participación transversal de las diferentes industrias que también, en los últimos años, han diseñado metodologías de diálogo y participación para sus áreas de influencia. Y con ellos me refiero al sector de industria extractiva, no sólo al sector minero que convoca la Alianza.

El Sistema de Diálogo Permanente contempla distintos aspectos cruciales a la hora de diseñar una estructura robusta, cómo la definición sobre la representatividad de los actores y participantes del proceso; o la necesidad de habilitar a esos actores para contar con un diálogo conducente a acuerdos sostenibles. Pero hay dos conceptos que están en la base del nuevo proyecto y que quisiera rescatar porque son una innovación imprescindible para los nuevos desafíos. Me refiero a la "evaluación integral de los impactos" y "beneficio compartido".

Hasta ahora, el peso del diálogo y los acuerdos recaía en su totalidad sobre aspectos asociados a la consulta indígena y medioambiental, pero sabemos que en un alto porcentaje de los casos lo que verdaderamente mina las relaciones e impide el desarrollo de los proyectos son factores sociales y económicos.

El Sistema de Diálogo Permanente contempla una evaluación integral de los impactos, tomando en cuenta aspectos medioambientales y de las comunidades indígenas, pero agrega una tercera ventanilla para evaluar los impactos sociales y económicos. Y lo relevante es que dicha evaluación no considerara solamente el perjuicio, la compensación o la prevención del daño, sino también los beneficios, llevando la conversación a cómo va a ganar el territorio.

El resultado por lo tanto, se traduce en acuerdos de valor compartido.

Hoy tenemos un modelo cuya gobernanza involucra a actores del mundo privado, público y social, y también tenemos un plazo, que requiere del involucramiento y el compromiso de variadas instituciones del país para que el 2017 Chile tenga una política pública de diálogo para grandes proyectos.

Porque este es un desafío país, es necesariamente una apuesta multisectorial. Y nuestro trabajo es convocar a todos los actores para diseñar y validar un sistema que nos permita desarrollas más y mejores proyectos de inversión para Chile.

Álvaro García H.