Cárcel inaugurada en 2013 ya tiene un 14% de sobrepoblación
AUMENTO. Gendarmería está a la espera que el Ministerio de Justicia autorice acondicionar las instalaciones para ampliar su capacidad máxima.
En lo que resta de este mes o a más tardar en marzo, Gendarmería espera la firma del decreto que autoriza aumentar la capacidad máxima de internos en la cárcel concesionada de Antofagasta.
El penal, que comenzó a operar en agosto de 2013, está diseñado para 1.160 reos, sin embargo, actualmente alberga a 1.319 reclusos, es decir, posee una sobrepoblación del 14%.
La solución pasa entonces por hacer uso de una cláusula del contrato de concesión que permite elevar hasta un 20% la capacidad de diseño.
Con aquella modificación Gendarmería podría recibir un máximo de 1.392 reclusos en las instalaciones del Nudo Uribe, pero antes se debe contar con la aprobación del Ministerio de Justicia.
Firma
El director regional de Gendarmería, coronel Pedro Villarroel, explicó que la solicitud de aumento fue realizada durante 2015 y que el documento ya está listo para la firma de la ministra Javiera Blanco.
"No podemos dar una fecha precisa, pero esperamos pronto tener aprobado el aumento de capacidad", dijo.
Una vez autorizado el cambio, la empresa concesionaria (Sodexo) deberá realizar las adecuaciones que corresponda para recibir más población.
El principal cambio tiene que ver con habilitar las celdas para los nuevos internos.
De esta manera, celdas que hoy son individuales pasarían a ser dobles, y celdas triples recibirían a cuatro personas.
Pedro Villarroel descartó que estos cambios vayan a tensionar las relaciones entre los internos, asegurando que en general, la población del centro penitenciario, salvo sucesos puntuales, mantiene un buen comportamiento.
Recalcó asimismo que la cárcel fue pensada para dicho aumento de capacidad, por lo que instalaciones como baños o comedores tienen la amplitud suficiente para recibir ese margen adicional.
Recursos
La ampliación de la capacidad del penal permitiría regularizar la sobrepoblación que hoy existe y que obliga al Ministerio de Justicia a pagar un mayor precio a la concesionaria.
Además, permitiría a Gendarmería trasladar a Antofagasta reclusos de otras cárceles de la región, aliviando así sus actuales condiciones.
Entre las principales favorecidas podría estar la Cárcel de Calama, que está diseñada para 296 internos y al 31 de diciembre poseía 538, con un sobrepoblamiento del 81%.
Villarroel comentó que con la ampliación, la cárcel concesionaria podría operar sin inconvenientes por un plazo relativamente extenso, considerando que la población penal de la región se mantiene estable los últimos años.
Lo que señala el oficial queda corroborado con las cifras que publica la institución, donde se verifica que los internos en sistema cerrado no han aumentado desde 2011, a diferencia de lo que acontece con los condenados a régimen semicerrado y abierto, que sí evidencian un crecimiento.
Aunque la región no cuenta con la dotación de Gendarmes ideal, el oficial aseguró que están los elementos suficientes para responder a un aumento de capacidad en la cárcel concesionada.
Sumario
El coronel Villarroel también confirmó la apertura de un sumario administrativo por la muerte de un reo de 32 años la semana pasada en una riña cerca de los baños del módulo 41.
El interno, identificado como Pedro Guerra Guerra, fue atacado con un arma blanca por otro recluso y falleció dos días más tarde en el Hospital Regional.
También informó que está en curso una investigación para establecer la procedencia de los 25 celulares, 16 chips, 60 litros de chicha y 15 trozos de metal acondicionados como armas punzantes que fueron requisados a los reclusos en un allanamiento posterior.
"Este tipo de investigaciones son habituales cuando se registran hechos de esta naturaleza", apuntó el director.
Respecto a la seguridad en el penal, manifestó que "siempre se trabaja para perfeccionar los sistemas".
Proyecto de complejo desarrollo
El centro penitenciario cuenta con un módulo de máxima seguridad, tres de alta seguridad, tres de mediana seguridad y uno de baja seguridad, además de un módulo terapéutico, uno para menores y otro para internos que requieren condiciones especiales. Pese a que su construcción se inició el año 2002, recién entró en operaciones en 2013 debido a una serie de tropiezos y un largo arbitraje con la sociedad constructora. Al final la obra costó al fisco $70 mil millones, cifra que lo convierte en uno de los penales más caros de Chile.