Tamara Miranda Varela
Divididos están los concejales respecto a las consecuencias que podría tener la sanción que Contraloría aplicó a la alcaldesa Karen Rojo (descuento del 5% de sus sueldo), por su "actuar inoportuno" frente a la orden de anulación de tres planes seccionales aprobados por el municipio el año 2013.
La duda que se instaló entre los ediles no tiene que ver con la multa propiamente tal, sino más bien con la alusión que hace Contraloría a una eventual vulneración del artículo 60 letra c de la Ley de Municipalidades, que se refiere al abandono de deberes.
Mientras algunos ediles interpretan que la mención de aquella norma sugiere presentar los antecedentes del caso al Tribunal Electoral (lo que podría conducir incluso a una destitución), otros se oponen siquiera a discutir esa posibilidad y rechazan cualquier acción.
El miércoles, antes del Concejo Municipal, los ediles se reunieron de forma privada a conversar el tema, sin sacar conclusiones definitivas.
El concejal Félix Acori es uno de los que se opone. El edil afirmó que la falta cometida por Rojo no es tan grave como para una justificar una medida de esa naturaleza, ya que "a muchos alcaldes los han sancionado con el 5% del sueldo".
Acori sí reconoció que la mención del artículo 60, letra c, de la ley municipal llama la atención y pone a los concejales "entre la espada y la pared".
"Estamos muy incómodos con esto y realmente no podemos ser cómplices", comentó.
Antecedentes
Para aclarar el escenario Acori pidió una reunión con el contralor y además solicitará orientación a abogados de su partido (RN).
"En el supuesto caso que yo presentase los antecedentes al Tribunal Electoral, no voy a pedir destitución, porque si bien hubo una falta o desconocimiento, no es para sacarla del cargo", comentó.
En tanto, el concejal Eduardo Parraguez explicó que el informe tiene dos tomos y que tardará un tiempo estudiarlo.
"En lo personal yo no tengo partido, por eso estoy actuando y opinando en torno a lo que la ley me obliga. Es muy apresurado decir que la alcaldesa va cesar en su cargo, eso hay que verlo", sostuvo.
Parraguez afirmó en todo caso que si se configuran las causales para una acusación, tendrán que hacerlo.
"Es lamentable y seguramente para afuera se verá mal, pero hay obligaciones que tiene tanto la alcaldesa como los concejales que están establecida en la ley, y eso hay que cumplirlo", precisó.
El periodista comentó que algunos concejales se oponen a cualquier acción que pueda significar la salida anticipada de Karen Rojo de la alcaldía.
"Hay muchos que dicen que el cargo hay que ganárselo en la cancha, pero lamentablemente cuando se comprueban errores administrativos, como concejales estamos obligados a actuar. En algunos colegas no existe mayor compromiso con esta situación, ellos prefieren que los hechos pasen sin involucrarse mucho", aseguró.
Obligación
El concejal Patricio Reyes (PS) explica que de comprobarse responsabilidades, será "el primero en recurrir al TER".
"Lo estoy estudiando con dos abogados. Es una decisión que tenemos que tomar con mucha responsabilidad, aunque creo que la medida está bien impuesta", argumentó.
Asimismo, subrayó que para una eventual acusación por abandono de deberes contra la alcaldesa requeriría el apoyo de más concejales.
Los planes seccionales cuestionados (Cerro Paranal, Edelnor y Esmeralda) fueron dictados durante la administración de la exalcaldesa Marcela Hernando (2010 a 2012), pero anulados por Contraloría en el periodo de Karen Rojo (agosto 2013. La medida se concretó a través de decretos dictados 14 meses después (octubre 2014).
